Inician homologación de justicia civil y familiar con nuevo modelo nacional

GUADALAJARA , Jal., 18 de mayo de 2026.- Con el plazo límite del 1 de abril de 2027 para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los tres poderes del estado de Jalisco, en conjunto con el Colegio de Notarios local, instalaron mesas de trabajo permanentes para iniciar la armonización del marco jurídico estatal.

Este proceso técnico busca adecuar las leyes locales a los lineamientos federales, lo que modificará la forma en que se desahogan los juicios y trámites cotidianos de la ciudadanía, tales como divorcios, custodias, pensiones alimenticias, contratos, sucesiones y regularización de propiedades.

La reforma federal obliga a todas las entidades del país a unificar sus criterios procesales para evitar disparidades en la aplicación de la justicia.

En el caso de Jalisco, la Consejería Jurídica del Ejecutivo coordinará la revisión normativa para identificar qué leyes estatales deben ser derogadas, modificadas o actualizadas antes de que concluya el periodo de transición.

La urgencia de estas mesas radica en prevenir lagunas legales y asegurar que la transición de los juzgados locales hacia la oralidad y la digitalización de expedientes no paralice los procesos en curso. Al respecto, la Consejería Jurídica señaló que el objetivo es evitar improvisaciones y garantizar certeza jurídica a la población al momento de aplicar las nuevas reglas de juego procesal.

Uno de los puntos críticos puestos bajo análisis durante la primera sesión de trabajo es la distribución logística de los juzgados y las notarías en el interior del estado.

Desde la perspectiva del Poder Legislativo, se advirtió sobre la necesidad de que la unificación de los procedimientos no centralice los servicios en el Área Metropolitana de Guadalajara, afectando a los usuarios de las regiones más alejadas.

Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado destacó que la implementación del código nacional requiere un diagnóstico integral que no se limita a la reforma del papel, sino que demanda una ruta crítica de capacitación para jueces, secretarios y litigantes, además de la homologación de criterios con la función notarial en actos de compraventa, donaciones y testamentos.

Las mesas de trabajo mantendrán un calendario de reuniones periódicas para diseñar el paquete de reformas que eventualmente será discutido y votado en el Congreso del Estado, buscando consolidar las bases operativas antes de que venza el plazo constitucional en 2027.