GUADALAJARA, Jal., 6 de enero de 2017.- El asesor de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, adscrita al Sistema de Universidad Virtual de la UdeG, Gerardo Solís, señaló en rueda de prensa que ante la proliferación de mensajes en redes sociales, los cuales por un lado invitan a realizar marchas y protestas, mientras que por otro incitan a la violencia y generan caos y pánico entre los ciudadanos; el papel del gobierno estatal es el de ofrecer a la ciudadanía certeza e información sobre quienes difunden y reproducen determinados mensajes.
Lo anterior en referencia a las marchas, protestas, actos de violencia y alertas de saqueos en tiendas de autoservicio de los cuales se ha informado a los ciudadanos a través de redes virtuales, tras el aumento efectivo a los combustibles desde el primer minuto de 2017, promovido por el Gobierno Federal.
Aunque Solís reconoció que el trabajo que realiza la Policía Cibernética es bueno, agregó que esta área no genera información a la ciudadanía sobre quienes son los posibles remitentes de mensajes que describen actos bandálicos, en otros puntos de la ciudad o el país, o arengan a realizar saqueos.
El caso más reciente es de los mensajes que circularon en redes sociales, los cuales anunciaron ataques a las estaciones de servicio de Jalisco, como protesta al desabasto de combustible. En su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), emitió un comunicado el cual señaló que el origen de dicha información provenía del estado de Guerrero, de una cuenta que habitualmente reproduce este tipo de contenidos.
Hasta el momento, el titular de la dependencia estatal, Eduardo Almaguer, no ha emitido mayor información desde diciembre pasado, salvo la aclaración de que no se había señalado a ninguna persona en especifico por la difusión de los mensajes, tras información que decía se trataba de un fotoperiodistas de aquella entidad.
De acuerdo con la página de la FGE, la Policía Cibernética fue creada para detectar, «por medio del patrullaje en la red los sitios, procesos y responsables de las diferentes conductas delictivas que se pueden cometer en contra y a través de medios informáticos y electrónicos». Esto, además de orientar a los ciudadanos en el proceso para interponer una denuncia en el caso de ser víctima de un delito cometido por medio del uso de tecnologías de la información.