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GUADALAJARA, Jal., 12 de octubre de 2026.- Familiares de los jóvenes detenidos durante la reciente manifestación por el desabasto de agua limpia en Guadalajara exigieron a las autoridades de Jalisco no criminalizar la protesta social.
Los afectados se pronunciaron de manera enérgica para evitar que la Fiscalía General del Estado les impute delitos graves como robo, agresiones, daño a las cosas y obstrucción de vías públicas, asegurando que los ciudadanos únicamente se congregaron para demandar un servicio digno y el acceso a agua potable de calidad.
Clara Miranda, madre de uno de los jóvenes arrestados, hizo un llamado directo a las autoridades competentes para esclarecer los hechos a la brevedad y evitar que cargos infundados afecten de forma permanente la situación jurídica de los implicados.
Miranda denunció que las detenciones se realizaron de manera violenta y arbitraria, argumentando que los manifestantes no pertenecen a ningún grupo de choque o de provocación política.
Al respecto, la madre del detenido relató los momentos en que su hijo fue detenido por los elementos de seguridad:
"Soy madre de uno de los chicos virales, que es el primero que toman a la fuerza. Para mí, yo estaba a unos metros de él y lo desaparecieron, ya no lo pude ver. Exigí poderlo ver; es su primera manifestación, estaba muy motivado y yo lo acompañé. Estábamos hasta adelante y realmente no hizo nada que nadie no hiciera; a él se lo llevaron y me lo robaron del lugar de donde estaba. Ya no pude hacer nada, pero estamos aquí para exigir que nos los entreguen, porque sé que ha estado saliendo gente, y la gente que se está quedando es a la que le podrían fincar cargos que ni siquiera tienen. Ellos no pertenecen a ningún grupo de choque, me queda claro que nadie de aquí. Ha habido mucha arbitrariedad y necesitamos que nos los entreguen. Es una injusticia; para mí, mi hijo está secuestrado y lo pido de inmediato".
Los familiares de las víctimas permanecen a la espera de que se resuelva la situación legal de los detenidos en las próximas horas, manteniendo la exigencia de una revisión transparente de los videos de las cámaras de seguridad para demostrar que los jóvenes ejercían de manera pacífica su derecho constitucional a la libre manifestación.




