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GUADALAJARA., 30 de mayo de 2025.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 13/25, tras investigar 50 quejas relacionadas con la desaparición de 52 personas entre 2015 y 2023. El documento expone fallas graves de diversas autoridades en las labores de búsqueda, identificación e investigación, así como el abandono y la revictimización sufrida por las familias.
De las personas desaparecidas, 45 eran hombres y siete mujeres. Solo 11 fueron localizadas, lamentablemente sin vida. Las desapariciones ocurrieron en al menos 13 municipios del estado, incluidos Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Sayula y Tomatlán.
El común denominador de las quejas es la falta de respuesta de las autoridades: agentes del Ministerio Público, policías investigadores, personal forense y comisarías municipales incurrieron en omisiones, retrasos injustificados y negligencia que han impedido a los familiares acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Uno de los casos más alarmantes es el de un joven desaparecido en 2015, cuyo cuerpo fue entregado a Ciencias Forenses poco después. Sin embargo, su identificación formal ocurrió hasta 2023, casi ocho años después. Durante todo ese tiempo, su familia vivió en incertidumbre y tuvo que realizar por cuenta propia parte de la investigación, sin apoyo institucional.
En otro caso, ocurrido en 2020 en Sayula, la CEDHJ acreditó una desaparición forzada por parte de elementos de la policía municipal. A la fecha, la persona no ha sido localizada.
También se documentó que, en Tomatlán, policías que acudieron como primeros respondientes no notificaron la desaparición a la Fiscalía, impidiendo que se activaran los protocolos de búsqueda de forma inmediata.
La CEDHJ concluyó que las omisiones del personal público implican violaciones graves a los derechos humanos, como el derecho a la vida, la seguridad personal, el acceso a la justicia y a la verdad. Por ello, recomendó la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro de Víctimas, así como medidas de reparación, capacitación a funcionarios y sanciones administrativas a los responsables.
Los familiares de personas desaparecidas no solo enfrentan el dolor de la ausencia, también deben cargar con la indiferencia institucional. Esta recomendación busca visibilizarlos, exigir respuestas y evitar que otros casos sigan el mismo camino de impunidad.