Derecho Humano a Identidad, asignatura pendiente en favor de migrantes

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Jal., 19 de diciembre de 2021.- Son mexicanos todas aquellas personas en territorio nacional o que sean hijos de padres mexicanos, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30. Sin embargo, actualmente hay al menos 600 mil personas apátridas, según lo que reporta la Secretaría de Gobernación. Muchas de ellas son migrantes que, a pesar de ser meritorios de este derecho considerado fundamental, no pueden legalmente ostentar la nacionalidad mexicana debido a diversos obstáculos burocráticos y legislativos.

En este contexto y en el marco Día del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, se llevó a cabo la mesa redonda “Eliminar la discriminación y garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana”, organizada por el Grupo de Identidad y Educación para personas Migrantes (GIE) en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).

El foro, moderado por Alberto Nájar, periodista y presidente de la Red de Periodistas de a Pie, convocó a migrantes afectados por esta problemática, representantes de colectivos migrantes e investigadores, así como a funcionarios, diputados federales y senadores que tienen un rol activo en el tema.

Sofía de la Peña, académica del ITESO e integrante del GIE, dijo que, pese a que hay algunos avances en la materia, las dificultades en el reconocimiento de la nacionalidad mexicana para migrantes persisten y complican diversos aspectos de la vida para miles de personas.

Señaló que el GIE, formalmente constituido en 2017, da seguimiento al acceso al derecho a la identidad de personas migrantes y sus familias “identificando las diversas problemáticas que estos grupos enfrentan y que derivan en dificultades para el acceso a otros derechos como educación, salud y trabajo”.

Alexander Vey, director del Proyecto para el Fortalecimiento de la Integración Local (Profil) de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán), señaló que un requisito indispensable para alcanzar la integración sostenible de las personas en situación de movilidad es garantizar el derecho a la identidad y reconocerlo como un derecho clave que permite el acceso a otros derechos y servicios, y mejor aún desde una perspectiva de género, desarrollo e interculturalidad.

Norma Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami), afirmó que una de las barreras más importantes para acceder al derecho a la identidad es presentar los documentos con la apostilla. Este es un requisito para los mexicanos nacidos en el extranjero y para los nacidos en México con padres extranjeros, a quienes se les pide presentar documentos apostillados para realizar, entre otros trámites, el registro de nacimiento.

Esto, continuó Mendieta, es prácticamente imposible para quienes viven un proceso de deportación o están en condición de refugiados. “¿Cómo solicitarles a quienes fueron deportados que regresen nuevamente a los Estados Unidos para poder obtener la apostilla de los documentos?”, cuestionó.

Bertha Caraveo, senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, dijo que el derecho a la identidad es inalienable a cualquier persona, pero advirtió que la burocracia impide el correcto reconocimiento y sigue perpetuando ciclos de discriminación.

“Este tipo de facultades nos rebasa a las y los legisladores por ser cuestiones meramente administrativas. Debemos buscar soluciones a esta problemática para simplificar estos procesos administrativos. No reconocer la nacionalidad a una persona entraría en contradicción con nuestra norma constitucional. Lo que más nos debe de importar y que debe ocuparnos a las y los legisladores es no vulnerar los derechos básicos de todas las personas”, dijo.

Por su parte, Laura Lorena Haro, diputada e integrante de la Comisión de Gobernación y Población, señaló que es fundamental la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Asumió como una de las responsabilidades de los legisladores crear la estructura legal suficiente para armonizar los esfuerzos federales, estatales y locales por el bien de los connacionales.