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GUADALAJARA, Jal., 2 de octubre de 2023.- Por faltas administrativas graves consistentes en abuso de funciones y encubrimiento, la Contraloría Ciudadana de Guadalajara presentará una denuncia penal contra de un juez cívico y un defensor de oficio, ambos adscritos a la entonces Unidad de Juzgados Cívicos Municipales.
En un comunicado señala la dependencia que los servidores públicos realizaron actos arbitrarios, causarle un perjuicio legal y violar los derechos humanos a una menor de edad y a su madre, ya que por estas omisiones en el ejercicio de la función pública, fueron separadas físicamente, permaneciendo la menor, bajo la tutela del estado a través del Hogar Cabañas, sin justificación alguna, durante 19 meses.
En el año 2019, una mujer fue detenida y remitida al juzgado cívico, al ser señalada de infringir el reglamento de policía y buen Gobierno del municipio.
En ese momento iba acompañada de su hija, quien era menor de edad; sin embargo, por decisión del juez y ante las omisiones del defensor de oficio, fueron separadas física e injustificadamente, trastocando en perjuicio de ellas, sus derechos fundamentales y humanos, como el de Interés Superior de la Niñez, el acceso a la justicia con perspectiva de género, al debido ejercicio de la función pública, a la legalidad y seguridad jurídica, y a la debida diligencia reforzada.
“Este lamentable caso es paradigmático, porque retrata y ejemplifica que violar derechos humanos también es considerado como un hecho de corrupción, y esta contraloría ciudadana puede sancionar faltas administrativas e identificar delitos penales y fue precisamente lo que resolvimos contra estos servidores públicos, ya que este caso era de índole administrativo, pero se convirtió en un asunto legal, lo que provocó que una madre y su hija, estuvieran separadas físicamente casi 2 años”, señaló la Contralora Ciudadana de Guadalajara, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.
En la investigación que realizó esta Contraloría Ciudadana, se determinó procedente las conductas administrativas señaladas y ampliamente probadas, el juez por motivo de la indebida remisión y puesta a disposición de la menor de edad.
Por parte del defensor de oficio, se trata de encubrimiento al haber realizado deliberadamente conductas omisivas para ocultar el abuso de funciones del juez en perjuicio de la menor.
Los servidores públicos incurrieron en abuso de funciones y encubrimiento, respectivamente, es por ello, que se calificó como faltas graves, al adecuarse dichas conductas en los numerales 57 y 62 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Aquí, el servidor público abusó de sus funciones porque al tener la opción de darle trabajo comunitario, prefirió arrestar a la madre. Además, quedó demostrado que tuvo a disposición nombre y teléfonos de familiares para que se hicieran cargo de la menor; sin embargo, optó por una medida de protección, y terminó recluida en el Hogar Cabañas. Posteriormente nunca giró oficios de que la madre había cumplido con su sanción administrativa para efecto de que le regresaran a su hija, debió preponderar en todo momento el bienestar de la menor y no lo hizo”, reiteró.
La Contralora Ciudadana, Cynthia Cantero, explicó que se procederá a presentar una denuncia en contra del juez y defensor de oficio ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, y se enviará el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Faltas Graves al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y serán ellos quienes tendrán que resolver de fondo el asunto.
Lo anterior, se derivó de una recomendación recibida por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, donde se solicitó el inicio, trámite y conclusión de un procedimiento de responsabilidad administrativa con motivo de las irregularidades que dieron origen a la presente causa.