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GUADALAJARA, Jal., 27 de julio de 2026.- El regidor de Chapala, Juan de Dios García Velasco, inició una ofensiva jurídica multifrente tras denunciar un madruguete nocturno orquestado por el alcalde Alejandro Aguirre, la síndico y un grupo de ediles. Los funcionarios son señalados de enajenar ilegalmente 2,200 metros cuadrados de suelo público e imponer una concesión a 50 años en favor de particulares.
De acuerdo con el edil, la actual administración desincorporó un área de cesión inalienable de la acción urbanística Vista Terrazas Chapala para venderla de forma directa. La operación se realizó sin avalúo comercial, licitación ni subasta pública, pactando el pago a plazos sin costo financiero. El espacio será destinado al depósito, guarda y conservación de restos humanos áridos y cenizas.
García Velasco calificó el acuerdo como un traje a la medida que compromete el patrimonio de las próximas 16 administraciones. Detalló que el proyecto exenta a los inversionistas de presentar fianzas de cumplimiento y les otorga total libertad para fijar tarifas al libre mercado.
La autoridad municipal justificó la venta bajo el argumento de financiar la ampliación del panteón de San Antonio Tlayacapan. Sin embargo, el regidor desmintió esta urgencia financiera tras evidenciar que el Ayuntamiento infló la nómina municipal con una asignación de 17 millones de pesos al Capítulo 1000 (servicios personales).
Ante el presunto quebranto, García Velasco desplegó la siguiente estrategia legal:
• Fiscalía Anticorrupción: Denuncia penal por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y daño patrimonial.
• Juzgados de Distrito: Solicitud de amparo indirecto para suspender de inmediato cualquier obra o emisión de licencias en el predio.
• Tribunal de Justicia Administrativa: Juicio de nulidad para exigir la cancelación lisa y llana del contrato.
• Fiscalía Cibernática: Denuncia por la campaña sistemática de difamación, ciberataques e información falsa que busca intimidarlo.
El regidor aclaró que no se opone a etiquetar recursos para el panteón de San Antonio Tlayacapan, sino a los negocios opacos. Advirtió que el voto en el Cabildo no otorga impunidad y que los ediles que avalaron el dictamen deberán responder ante la justicia por atentar contra el patrimonio de Chapala.