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GUADALAJARA, Jal. — La diputada local por Movimiento Ciudadano, Montse Pérez Cisneros, denunció presuntos actos de corrupción y nepotismo en el Ayuntamiento de Tonalá tras revelar irregularidades en la contratación de una Asociación Público-Privada (APP) para el rastro municipal, la cual involucra a familiares directos del alcalde Sergio Chávez.
Ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de Jalisco, la legisladora presentó un exhorto respaldado con documentación oficial para exigir transparencia en el proceso.
El origen del conflicto
Pérez Cisneros señaló que las fallas en el manejo de residuos del rastro de Tonalá se documentaron desde 2022. Sin embargo, acusó que el municipio abandonó intencionalmente el lugar para favorecer un negocio familiar.
El 25 de enero de 2024, el Cabildo aprobó el cierre del rastro (acuerdo 977) y, en la misma sesión, avaló explorar una APP con la empresa Valor de Alimentos Cárnicos, S.A., la cual ya había manifestado su interés de participación. “Eso de entrada ya huele muy mal”, afirmó la diputada en tribuna.
Nepotismo y conflicto de interés
La investigación de la legisladora detectó que dos hermanos del presidente municipal de Tonalá figuraban entre los 20 accionistas originales de la empresa seleccionada.
A pesar de que la Ley de Asociaciones Público-Privadas prohíbe la participación de empresas con socios vinculados al gobierno contratante en los dos años previos, los familiares del alcalde vendieron sus acciones 27 días después de que el Cabildo aprobara la APP, violando la normativa legal.
Terreno inflado por 22 millones de pesos
La irregularidad más grave detectada corresponde al predio “El Potrero Negro”, aportado por la empresa privada.
La diputada explicó que este incremento artificial de 22 millones de pesos se realizó para simular que la empresa cumplía con el 35% de inversión mínima que exige la ley. Con el valor real, la participación privada apenas alcanzaba el 6.5%.
Duplican aportación pública sin justificación
A la par de estas anomalías, el Ayuntamiento de Tonalá retiró una iniciativa inicial presentada en 2024 y entregó una nueva propuesta en noviembre de 2025. En este documento, el tesorero municipal incrementó la aportación del presupuesto público de 17 millones a 35 millones de pesos, sin ofrecer ninguna explicación técnica o financiera.
Las exigencias del exhorto
El documento presentado ante el Congreso local exige formalmente al Ayuntamiento de Tonalá cumplir con cinco puntos:
“Es un acto de corrupción que se está confabulando, pero ninguno de nosotros puede ser cómplice”, sentenció Pérez Cisneros.