Cárceles municipales de Jalisco, deficientes y peligrosas para detenidos

GUADALAJARA, Jal., 4 de noviembre de 2020.- Ante la falta de seguridad y las deficiencias que presenta el personal adscrito a las cárceles municipales de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una Recomendación general sobre la situación de las cárceles, los procesos de detención y la justicia administrativa en los 125 municipios del estado.

Lo anterior debido a que las fallas presentadas por los lugares de resguardo incide en agresiones y en la muerte de personas detenidas por faltas administrativas, quedando en evidencia que no hay infraestructura que garantice la adecuada operatividad, aunado a que hay poco personal capacitado para brindar una atención integral y especializada, particularmente en crisis emocionales y también hay carencia de líneas de acción o protocolos de atención que garanticen el debido ejercicio de la función pública en el interior de las cárceles municipales de Jalisco.

Mediante un comunicado la dependencia defensora de los Derechos Humanos señaló que dicha recomendación general se da luego de las recomendaciones particulares emitidas a lo largo de los últimos 10 años y como parte de un análisis que se le realizó a las diversas, relativas al actuar institucional de las autoridades encargadas de la seguridad pública municipal dentro de la aplicación de las sanciones y penas privativas de la libertad por faltas administrativas estipuladas en los reglamentos municipales de policía y buen gobierno, detectando afectaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares, tales como agresiones, suicidios y fallecimientos dentro de las cárceles.

La Recomendación general 2/2020 emitida por la CEDHJ sobre la situación de las cárceles, los procesos de detención y la justicia administrativa en los 125 municipios del Estado obliga a corregir las irregularidades, así como a incentivar las adecuaciones necesarias para alcanzar las condiciones mínimas e indispensables en la infraestructura municipal.

La investigación fue encabezada por personal de la Tercera Visitaduría y del Mecanismo Estatal de Prevención a la Tortura de esta Comisión, quienes realizaron una serie de revisiones a las cárceles municipales de los 125 municipios del estado.

Se verificaron las condiciones que guardan las instalaciones, las actuaciones que realiza el personal asignado a las cárceles, el trato que recibe la ciudadanía por parte de las autoridades municipales, y en general, se valoró si se garantiza o no la estancia digna de las personas mientras se resuelve su situación jurídica y durante las horas de arresto administrativo.

En general se identificó lo siguiente:

• Hay un constante índice de agresiones, suicidios y muertes dentro de las cárceles municipales del Estado.
• Son recurrentes los tratos degradantes, la tortura y los abusos contra las personas privadas de su libertad.
• Hay carencia de personal médico y psicológico adscrito a los centros de detención municipal.
• Falta personal para garantizar el acceso a la justicia administrativa. En la mayoría de los casos los jueces son insuficientes.
• Hay violencia institucional hacia las mujeres por la falta de procesos y espacios adecuados con perspectiva de género.
• Falta vigilancia y observancia en el cuidado de las personas detenidas, algunas de ellas en situación de crisis debido al consumo de algún enervante o estado de depresión mental.
• Insuficientes dispositivos de videovigilancia dentro de los separos. El monitoreo es deficiente.
• Se carece de lineamentos y protocolos operativos de atención y abordaje a personas pertenecientes a un grupo en situación de riesgo que se encuentran detenidas, así como de la coordinación adecuada con los servicios médicos y psicológicos del municipio. 
• Las deplorables condiciones materiales de las cárceles municipales, que suelen ser insalubres, transgreden el trato digno, e inclusive afectan la salud de las personas infractoras.

Es evidente la falta de homologación y actualización de los reglamentos municipales de policía y buen gobierno de los municipios, de acuerdo a los estándares mínimos e indispensables en materia de derechos humanos, así como el indebido ejercicio de la función pública del personal adscrito a los centros de detención municipal hacia las personas privadas de su libertad.