Busca Tlajomulco frenar fraudes y ordenar crecimiento

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jal., 22 de abril de 2026.- Con la finalidad de blindar el patrimonio de los ciudadanos y garantizar un desarrollo urbano ordenado, el Gobierno de Tlajomulco suscribió un convenio de colaboración con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco (RPPJ).

Este acuerdo permitirá el intercambio de información técnica en tiempo real, lo que facilitará la detección inmediata de documentos falsos y evitará fraudes relacionados con la venta ilegal de terrenos o fincas.

Patricia Ortega, directora general del RPPJ, subrayó que la herramienta digital será clave para la seguridad jurídica: “Nos va a ayudar muchísimo a cruzar información; cuando se presente algún documento falso, el municipio podrá verificar en tiempo real si ese recibo es válido o no. Debemos trabajar por cuidar el patrimonio de todos”.

Por su parte, el tesorero municipal, Christian Castro Castro, explicó que el acceso a la base de datos histórica del Registro Público —que data desde 1997— fortalecerá la gestión administrativa de la Hacienda Municipal y permitirá avanzar hacia una planeación territorial más precisa.

En ese sentido, la síndica municipal, Thania Morales, destacó que la certeza jurídica no solo ofrece tranquilidad a las familias, sino que es un motor económico para la demarcación.

“El trabajo coordinado impacta en la estabilidad social y en la recaudación. Una vez que los predios se regularizan a través de COMUR, se traducen en ingresos que regresan a la gente en forma de infraestructura, servicios públicos y programas sociales”, puntualizó Morales, tras recordar que la administración mantiene un enfoque prioritario en elevar la calidad de vida de los habitantes.

A DETALLE:

• Consulta blindada: El convenio permite al municipio consultar la base de datos estatal sin posibilidad de modificar los registros, garantizando la integridad de la información.
• Prevención jurídica: El cruce de datos entre Catastro y el Registro Público evitará que los ciudadanos se involucren en juicios prolongados derivados de escrituras o documentos apócrifos.