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GUADALAJARA, Jal., 22 de febrero de 2022.- En respuesta a lo señalado por el gobierno del estado, a través de un comunicado la Universidad de Guadalajara aclara no recibió ni un solo pliego de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que significa que cerró la cuenta pública 2020 con el 100 por ciento de sus recursos auditados y se descarta cualquier tipo de daño patrimonial.
“Es de lamentar que, pese a ello, el Gobierno de Jalisco intente medrar y hacer un uso político en contra de la UdeG, mientras el Gobierno de Jalisco sí tiene observaciones por casi 62 millones de pesos. El Gobierno de Jalisco también debería rendir cuentas y explicar por qué la ASF ubicó a Jalisco como uno de los siete estados con riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el largo plazo, por el elevado monto de su deuda pública”, añade.
Puntualiza que la U de G tiene un Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que establece topes rigurosos en los procedimientos de compras, proporcionales al presupuesto universitario y a las necesidades de la red. En su artículo 16, este reglamento establece que se pueden hacer adjudicaciones directas, que en 2020 tenía un tope de 100 veces el salario mínimo mensual.
“Debido a los bajos presupuestos que hay en la mayoría de dependencias de la red, sería imposible sujetarse a los montos establecidos en la ley estatal. Por ejemplo, en 2022 el Centro Universitario de Tonalá cuenta con tan sólo un presupuesto de cinco millones de pesos para gasto operativo. Incluso hay módulos de la Red Universitaria con presupuestos menores a 500 mil pesos”, explicó.
Sostiene que el 100 por ciento de los recursos federales y estatales empleados en las compras de toda la Red Universitaria son auditados por diversas instancias estatales, federales e independientes, que dan cuenta de que en ningún caso hay daño patrimonial.
También insiste en que la recomendación emitida por la ASF, a la que hace alusión el gobierno de Jalisco, no equivale a un pliego de observaciones, ni siquiera es una solicitud de aclaración.
“Una solicitud de aclaración implica que no se tuvo acceso a la información y se otorga un plazo de 30 días para hacer la aclaración correspondiente. Este caso tampoco aplica a la Universidad de Guadalajara. Una recomendación como la que hace la ASF en el ejercicio de 2020 no implica algún posible daño a las finanzas, tan solo es una sugerencia de acciones a implementar para mejorar los procesos”.