Anuncian cambios en dependencias clave de la administración de Jalisco

GUADALAJARA, Jal., 14 de junio de 2026.- El Gobierno de Jalisco informó una serie de cambios en la titularidad de organismos y dependencias estratégicas de la administración pública estatal, con el objetivo de dar continuidad a los servicios públicos y fortalecer las agendas relacionadas con pensiones, infraestructura hidráulica, salud especializada y atención a las juventudes.

Entre los movimientos de mayor relevancia se encuentra la salida de Juan Partida Morales de la Dirección del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), quien presentó su renuncia por motivos personales y concluirá funciones el próximo 30 de junio. A partir del 1 de julio, el cargo será asumido por Fernando Quesada Gómez, especialista con una sólida trayectoria en el sector financiero.

En la Comisión Estatal del Agua (CEA), Mario López Pérez dejará la dirección del organismo de manera definitiva y será sustituido por Luis Enrique Barboza Niño. El nuevo titular cuenta con un perfil técnico en materia hidráulica, además de haberse desempeñado como director general de Auditoría de la Contraloría del Estado y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Relevos en Salud y agenda de las Juventudes

En lo que respecta al sector salud, Manuel Arias Novoa formalizó su renuncia a la dirección del Instituto Jalisciense de Cancerología. Su lugar será ocupado por Fernando Sánchez Zubieta, un reconocido especialista médico que hasta ahora ejercía la jefatura de Oncología Pediátrica dentro del Hospital Civil de Guadalajara (HCG).

Asimismo, el Poder Ejecutivo estatal informó que María Bravo Navarro dejó la Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco. Desde el pasado 1 de junio asumió dicha responsabilidad institucional Fernanda Robles Chavira, funcionaria que anteriormente encabezó la Dirección de Juventudes del Municipio de Guadalajara durante el periodo 2021-2024.

Finalmente, las autoridades estatales señalaron que estos enroques buscan garantizar de manera estricta la continuidad de los programas, metas de cierre y proyectos en organismos que poseen una incidencia directa en la calidad de vida de la población civil, particularmente en áreas de seguridad social y salud pública.