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GUADALAJARA, Jal., 20 de febrero de 2026.- Con la participación de autoridades, academia y colectivos de familiares, se realizó una mesa de trabajo para revisar y enriquecer la propuesta de reforma a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, con el objetivo de mejorar la atención, la reparación integral y el acceso a la justicia para personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos.
El análisis se centró en tres ejes: fortalecimiento institucional y descentralización; mecanismos de reparación integral; y derechos a la verdad, la memoria y la protección de víctimas y personas buscadoras. La discusión buscó evaluar si el diseño actual garantiza una atención efectiva y oportuna, y plantear ajustes estructurales que coloquen a las víctimas en el centro de la política pública.
Entre las propuestas destaca convertir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en un organismo público descentralizado, con mayor autonomía técnica y capacidad operativa, así como abrir espacios de participación directa para víctimas y academia en la toma de decisiones. La intención es ampliar el acceso territorial a los servicios, mejorar la eficiencia institucional y fortalecer la legitimidad de la atención.
El diputado José Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, señaló que la reforma debe tener como eje la dignidad humana y la garantía efectiva de derechos, además de armonizar la legislación local con la Ley General de Víctimas para evitar vacíos normativos.
Por su parte, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas, indicó que el análisis no se limita al delito de desaparición, sino que también revisa posibles omisiones institucionales. Informó que ya se elaboró un diagnóstico para reconocer plenamente a víctimas directas, indirectas y colectivas, así como a sus familias y comunidades.
La propuesta incorpora principios como máxima protección, enfoque diferencial y especializado, perspectiva de género y justicia restaurativa, además de atención psicológica. También contempla la creación de oficinas regionales con equipos especializados, el derecho a preservar la memoria histórica y un esquema de reparación integral que incluya restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y compensación, más allá del aspecto económico.
En la mesa participaron dependencias vinculadas a derechos humanos, seguridad e igualdad, así como representantes de colectivos, asociaciones civiles, familias de personas desaparecidas y la Red de Centros de Justicia para las Mujeres.
El proceso de consulta busca consolidar una legislación que garantice atención digna y efectiva, con mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales, y con mecanismos que respondan a las necesidades reales de las víctimas en Jalisco.




