GUADALAJARA, Jal., 13 de febrero de 2020.-El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está actuando de manera irresponsable y retorcida al ordenar la realización de un plebiscito sobre la donación de un terreno de 55 hectáreas del Parque Central del Cerro del Cuatro, La presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón acusó que es improcedente y excede sus atribuciones.

«Tenemos que defender la educación sobre cualquier interés político, no me gustaría pensar que esto sea un tema de violencia política de género, porque no es la primera vez que intenta hacer un plebiscito en Tlaquepaque, hace más de un año intentaron hacerlo, ¿será porque gobierna una mujer?, o ¿tendríamos que investigar en el Instituto de Participación Ciudadana cómo tratan a las mujeres?»

Insistió en que la donación de este terreno ya es un hecho consumado desde julio de 2019, por lo que solicitar un plebiscito en este momento es improcedente toda vez que el terreno ya es propiedad de la Universidad de Guadalajara.

Acusó que el IEPCJ pretende que el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque gaste más de 6 millones de pesos en este plebiscito, lo cual es un gasto excesivo toda vez que es incluso mayor que los topes de gasto de campaña y con esos recursos podrían realizarse otras obras prioritarias para la población.

Asegura la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, que la negativa a realizar un plebiscito sobre el uso del Parque del Cerro del Cuatro no es por temor a conocer lo que opinan los ciudadanos, sino porque es ilegal, anunció que por ello realizarán una consulta con los vecinos para que indiquen cómo quieren el proyecto del nuevo centro universitario en ese lugar.

«El IEPC está pasando sus facultades, extralimitándose en un plebiscito que no tiene nada que hacer, posteriormente podemos hacer una consulta en donde estoy segura que saldremos avances porque la gente quiere un centro universitario, pero el meollo de este asunto es que es un acto consumado que no tiene, no entendemos las razones retorcidas que tiene Alcaraz Cross para querer imponer un plebiscito.»

Autoridades municipales anunciaron también que ya apelaron esta determinación de la autoridad electoral por considerar que no hay materia jurídica para cumplirla.

Aclara el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, José Francisco de Santiago, que la donación de 55 hectáreas del Cerro del Cuatro a la Universidad de Guadalajara fue condicionada a la construcción de un Centro Universitario que sea sustentable, que no sólo genere opciones de educación, sino un plan de reforestación y energías limpias.

«Aclarar que no se van a construir las 55 hectáreas, sólo es una parte la que se va a construir, y se va a seguir respetando lo demás del Cerro, la parte ecológica, es en lo que más se están basando para decir que quieren este plebiscito, que se conserve esta parte ecológica del Cerro, se va a conservar, no se va a construir fuera de donde ya hay plataformas de concreto dentro de ese predio y es un proyecto muy muy interesante.»

Por su parte, tanto el síndico municipal, José Luis Salazar como la Jefa de Gabinete, Agustina Rodríguez insistieron en que la solicitud del plebiscito llegó después del acto consumado de donación del predio, escrituración y asentamiento ante el Registro Público de la propiedad, argumentaron que incluso fue después de los 30 días que concede la Ley de Participación Ciudadana.

Los funcionarios municipales negaron que el proceso de aprobación en cabildo y la emisión de las escrituras a favor de la Universidad de Guadalajara fuera «exprés» con la intención de evitar recursos de defensa de los detractores, simplemente argumentaron que tanto ellos como la U de G tienen «muy buenos notarios»

La propiedad de estas 55 hectáreas a favor de la Universidad de Guadalajara quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco el 25 de julio de 2019, el 9 de agosto de ese mismo año, el ciudadano Gustavo de la Torre realizó la solicitud del plebiscito ante el Instituto Electoral, la Ley de Participación Ciudadana establece qué hay un plazo de 30 días para interponer estos recursos después de los acuerdos de los cabildos.