Acusa Stucobaem que se pretende ceder edificios centrales de Cobaem

MORELIA, Mich., 6 de julio de 2017.- Miembros del Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Stucobaem) acusan presuntas irregularidades al interior de dicho subsistema.

Eustolia Romero Ponce, secretaria general del Stucobaem, y Samuel Carpio Núñez, secretario de Organización del mismo, señalan que la administración pretende ceder a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que se centra en dos edificios de las instalaciones de oficinas centrales que alberga a más de 300 trabajadores administrativos.

Dicho edificio se obtuvo después de muchos años de gestión por administraciones pasadas y en el que se invirtieron varios millones de pesos para acondicionarlo y que albergan procesos administrativos, como nóminas, pago de prestaciones y la expedición de certificados a los alumnos.

De igual manera mencionan que este despojo lo pretenden realizar en el periodo de asueto, cuando no hay personal en las oficinas de dichos edificios y serían reubicados en sedes alternas rentadas.

Incluso los representantes sindicales refirieron que el argumento dado es que la Procuraduría donaría un terreno para que el Cobaem construya otras instalaciones.

Además mencionan que la situación financiera ha ocasionado que no se paguen a tiempo quincenas, estímulos y prestaciones a los trabajadores y retiros por jubilaciones.

Ambos lamentan que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, tanto en el aspecto educativo como en el financiero, prevalece una situación crítica que tiene en riesgo su operatividad y permanencia como una alternativa educativa.

Señalan que esta situación se agudiza debido a que el actual director general Alejandro Bustos Aguilar no toma las medidas para revertir esa situación y consideran que son urgentes.

Recordaron que esta serie de anomalías en varias ocasiones se han denunciado ante el gobernador del estado, sin embargo, ante la falta de atención que se ha dado a estos asuntos, han acudido a instancias federales como la Secretaría de Educación Pública, la Auditoría Superior de la Federación y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Incluso hacen un llamado al gobernador Silvano Aureoles Conejo para que se revisen estas irregularidades y en su caso se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.