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GUADALAJARA, Jal., 19 de noviembre de 2026.- La regulación de los servicios de grúas, la reparación de tramos carreteros deteriorados y el fortalecimiento de la seguridad de los operadores forman parte de los 29 acuerdos que cinco organizaciones del autotransporte de carga establecieron con autoridades federales y estatales.
Los compromisos se trabajan en seis mesas resolutivas con la participación de 10 autoridades, informó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO).
Entre los avances se encuentra la plataforma SIRSE, que desarrolla la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para transparentar los servicios de grúas, prevenir cobros excesivos y combatir abusos en los corralones. Su entrada en operación está prevista para diciembre de 2026.
Las organizaciones también entregaron a la SICT un diagnóstico de 62 tramos carreteros que requieren trabajos prioritarios de conservación y mantenimiento. Además, plantearon la reclasificación de aproximadamente 11 mil kilómetros de carreteras, distribuidos en 40 tramos y 102 vías, cuyo cambio se prevé publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en diciembre de este año.
Otro de los problemas señalados son las fallas en los dispositivos electrónicos de pago en las casetas, que provocan retrasos y afectan el traslado de mercancías. Para atenderlas, se acordó trabajar con Caminos y Puentes Federales y los concesionarios carreteros.
De acuerdo con las organizaciones, durante 2025 el autotransporte de carga aportó más de 69 mil 542 millones de pesos, equivalentes al 56 por ciento de los ingresos de las autopistas de cuota.
En materia de seguridad, los acuerdos incluyen mejorar la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para prevenir e investigar delitos contra operadores y empresas transportistas.
También se busca homologar los criterios de las fiscalías para agilizar la liberación de unidades recuperadas, establecer canales directos para reportar incidentes e identificar retenes irregulares. A esto se suma la aplicación de medidas para hacer cumplir la prohibición de comercializar inhibidores de señales de geolocalización, conocidos como jammers.
La agenda incluye además la creación de mecanismos para simplificar trámites, como un posible Expediente Único Digital del Transportista y una ventanilla única; la atención de restricciones municipales y estatales para carga y descarga, y el impulso a la construcción de paradores seguros y centros de descanso para operadores mediante incentivos a la inversión privada.
Las organizaciones señalaron que también están pendientes los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el registro electrónico de los tiempos de conducción, disponibilidad, espera y descanso de los operadores.
Los cinco organismos advirtieron que los acuerdos deberán traducirse en soluciones concretas y resultados verificables para mejorar la seguridad de los conductores, las condiciones de las carreteras y la operación del transporte de carga.




