Ante el incremento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, la CNDH emitió esta Recomendación General, que pone en evidencia que la libertad de expresión en el país vive momentos muy delicados. Lo anterior se demuestra con el crecimiento gradual en el número de quejas recibidas en la CNDH relacionadas con agresiones a este gremio.
Para dimensionar el incremento en las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación, en el documento se especifica que en el periodo comprendido de 2001 a 2005 hubo un promedio de 41.6 quejas por año; para 2006 a 2010 se registró un promedio anual de 78 quejas (es decir, un incremento del 87.5% respecto a los cinco años previos) y de 2011 a 2015 se presentaron un promedio de 87.8 quejas por año (un incremento de 12.5% respecto al lustro anterior).
Por lo que respecta a los homicidios cometidos en contra de comunicadores, la Recomendación General menciona que se ha dado un incremento constante a partir del año 2000, alcanzando un máximo de 12, entre los años 2009 y 2015.
Los 109 homicidios de periodistas registrados desde el año 2000 y hasta el 31 de enero de 2016, han ocurrido en diversas entidades federativas. No obstante, seis de cada diez asesinatos de periodistas se cometieron en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, registró entre 2005 a 2015 un total de 20 desapariciones de periodistas, siendo los años 2010 y 2012, en los que se presentaron cuatro casos en cada uno de esos años.
De igual manera, en el documento se menciona que de 2006 a 2015 se registraron 48 atentados contra instalaciones de los medios de comunicación, con un incremento significativo a partir de 2010.
Además del aumento en las agresiones a periodistas, se advierte que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, tales como las desapariciones, lesiones, amenazas, intimidación y atentados, entre otros.
Adicionalmente, las procuradurías y fiscalías de justicia no han logrado esclarecer los hechos delictivos y han incurrido en dilación en la integración de las indagatorias que se inician por esos hechos, lo que repercute en el grado de impunidad y en la situación de los periodistas y medios de comunicación en el país.
Sobre lo anterior, la CNDH dio seguimiento a 176 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, de lo que obtuvo datos que dan cuenta del gran problema de impunidad en este tipo de crímenes en el país, pues en tan solo 17 casos, es decir, 10% de las indagatorias iniciadas por esos hechos, el juez de la causa dictó sentencia, lo que implica un 90% de índice de impunidad.
Una vez analizado el contexto de la libertad de expresión en el país, este Organismo Nacional dirigió recomendaciones específicas a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas, Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales.
En dichas recomendaciones y de acuerdo con las atribuciones de cada instancia, se solicita el esclarecimiento de los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y se agoten todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión; la revisión exhaustiva de las averiguaciones previas y su resolución; la creación de fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra la labor periodística y la libertad de expresión, así como de mecanismos y reglamentación locales para la protección de periodistas, y el ejercicio de la facultad de atracción de los casos cuando así proceda por parte de la Procuraduría General de la República en beneficio de las víctimas.
De igual manera, se propone la capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión; el promover legislación en materia de protección a periodistas; garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores; promover reformas para despenalizar los delitos de injurias, difamación y calumnia; prever medidas y protocolos para casos de agresiones contra periodistas, y elaborar mapas de riesgos, entre otras cuestiones.
La CNDH reitera que cualquier afectación al ejercicio de la libertad de expresión vulnera las bases de la democracia, por lo que todas las autoridades involucradas en la prevención, investigación y sanción de estas conductas deben implementar las políticas públicas necesarias para garantizar que este derecho se desarrolle en condiciones adecuadas.
