Piden que la CNDH indague presuntas violaciones a derechos de Mireles

Este llamado es para que José Luis González Pérez designe a visitadores investigar los abusos y violaciones a las garantías individuales cometidos por parte de las autoridades policiacas y militares dentro de la averiguación previa penal, “mientras aconteció la detención arbitraria del doctor José Manuel Mireles”.

Con ello, pretenden que se actúe de manera proactiva en esta búsqueda y se concluya a la brevedad un dictamen que derive a la verdad histórica y dé cabida a los señalamientos de responsabilidades cometidas y sus ejecutoras y se obtenga la libertad del inculpado, en caso de que se reúnan las pruebas requeridas.

Para llegar a esto se toma como base un informe de la CNDH denominado ‘Informe Especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto’ en el que, de acuerdo con los expositores, el Estado mexicano hace un reconocimiento tácito de la existencia de un conflicto y sus consecuencias, además de prever la búsqueda de soluciones de la mano de las instituciones correspondientes.

Lo anterior se expone en un documento enviado al Congreso y el cual fue recibido el pasado viernes 29 de enero en el que se detallan lo que consideran violaciones a los derechos humanos, como el hecho de que en la escenificación del arresto de Mireles, “ordenada por Alfredo Castillo Cervantes o autoridad no definida según versiones del propio Castillo Cervantes, violó la presunción de inocencia y se le convirtió así en el presunto culpable”.

Entre otras violaciones se destaca que la primera declaración de Mireles se obtuvo bajo tortura el día que fue detenido y trasladado vía aérea de Lázaro Cárdenas a Morelia, pues señalan que en el trayecto que duró más de cuatro horas este sufrió de hostigamientos.

En otras más refieren que “el montaje ordenado por Alfredo Castillo Cervantes expuso a José Manuel Mireles por parte de la autoridad y de los medios de comunicación como responsable indubitable de los delitos de portación de armas de fuego y drogas. Tuvo un efecto corruptor en todo proceso y vició toda la evidencia incriminatoria”.