Pide Panal evitar cobros injustos en carreteras

De acuerdo a información de un comunicado, lo anterior, “como una forma de subsanar las molestias que las obras ocasionan a los usuarios”, indicó la diputada Karina Sánchez Ruiz.
Esto quiere decir que, en caso de que las carreteras y autopistas concesionadas se encuentren en obras de mantenimiento, reparación o ampliación, se deberán reducir los costos, como una forma de compensar el daño y retardo que se ocasiona por dichas circunstancias, explicó.
En entrevista, la legisladora aliancista señaló que la mayoría de los mexicanos hemos padecido las molestias de utilizar carreteras o caminos en mal estado, o en continua reparación.
Pese a ello, dijo, no se dejan de cobrar las tarifas que en ocasiones, resultan excesivas para el servicio que prestan.
“Nuestros caminos distan mucho de ser los más adecuados o de ofrecer las mejores condiciones de seguridad para quienes los utilizan, aunado a lo anterior está el hecho de que las tarifas, en comparación con otros países del mundo son sumamente elevadas”, manifestó la diputada.
Refirió que de acuerdo con las cifras del Informe Global de Competitividad 2015-2016, realizado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar número 59 en el ramo de infraestructura, debajo de países como Panamá, Uruguay o Chile en América Latina.
Lo anterior, subrayó, tiene repercusiones no sólo para la población en lo individual, sino para la competitividad de nuestra economía a nivel global.
En este sentido, dijo, “estamos decididos a coadyuvar de manera decisiva a incrementar la competitividad de nuestro país, más aún cuando nos estamos enfrentando a un entorno económico adverso”.
Por ello, afirmó, resulta preciso modificar el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, para que los usuarios de la infraestructura carretera del país tengan prioridad, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca condiciones justas para ellos.
Sánchez Ruiz aseveró que las políticas públicas deben estar centradas en los ciudadanos, “por lo que es imperativo conducir nuestros esfuerzos para que las empresas concesionarias garanticen los mejores servicios a la población”.

“Es un acto de justicia elemental que si los servicios que prestan no son óptimos, las tarifas que se exigen a los usuarios se reduzcan”, concluyó la diputada.