Con base a este reporte, la CIDH encontró que la corrupción y crimen organizado, relación de autoridades con criminales, las autodefensas, la contratación de fuerzas privadas de seguridad, la desigualdad, la impunidad y el tráfico de armas son las causas que marcaron este estudio.
Mientras que las desapariciones y las torturas generalizadas fueron colocadas como las consecuencias derivadas de los siete factores mencionados.
A continuación se muestran los factores hallados por la CIDH y de los que el Gobierno mexicano descartó y consideró subjetivos, debido a que faltaban mayores informes para asegurar que existía una crisis en el país.
- Corrupción y crimen organizado
En México la corrupción y la impunidad han permitido a los grupos criminales establecer estructuras de poder paralelas, actuando coludidas con las autoridades, como en el caso Ayotzinapa, apuntó la CIDH.
“La Comisión recibió testimonios, sobre todo de zonas rurales del país, sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales”, reveló.
En 2014, según cifras oficiales citadas por la CIDH, se registraron 6 mil 809 homicidios dolosos relacionados con presuntas rivalidades entre grupos del crimen organizado, sobre todo narcotraficantes.
“La fragmentación de los cárteles del narcotráfico como consecuencia de la detención de líderes y desarticulación de algunos grupos, las disputas por el control territorial y las nuevas alianzas entre los mismos grupos criminales, así como el surgimiento de nuevos grupos delincuenciales, han exacerbado el fenómeno”, relató la Comisión.
Los grupos criminales en México, agregó, se dedican principalmente al narcotráfico, pero también cometen asesinatos, extorsión, secuestro, robo, ‘cobro de piso’, control de rutas de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y tráfico de armas.
“Esta diversificación de sus actividades delictivas, aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, convierten al fenómeno del crimen organizado en la principal fuente de violencia por parte de actores privados en México… que a su vez trae aparejada la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de una respuesta eficaz frente a este problema”, indicó el informe.
- Los actores estatales
La Comisión indicó en su informe que, en medio de la lucha contra el narcotráfico y la militarización de diferentes zonas del país, “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.
Al respecto, citó casos emblemáticos como el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, donde se acusó a militares de presuntas ejecuciones extrajudiciales y el ataque contra 43 normalistas de Ayotzinapa, donde participaron policías y por el que está preso quien era alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“En efecto, en México se observan los actores estatales como fuentes de violencia”, indicó la CIDH, señalando a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal (PF), las policías estatales, a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las distintas procuradurías de justicia de los estados, al personal penitenciario federal y estatal, y a elementos de otras agencias estatales, como el Instituto Nacional de Migración (INM).
“Las actividades de seguridad ciudadana interna realizadas por parte de elementos de las fuerzas armadas han traído consigo un número considerable de quejas por violaciones a los derechos humanos”, señaló el organismo.
- Autodefensas
La CIDH indicó que, en principio, la mayoría de los grupos de autodefensa tuvieron como común denominador “la desesperación” ante los altos niveles de criminalidad, por lo que tuvieron que actuar por su cuenta, ante la ineficacia de las autoridades.
Sin embargo, a la postre, algunos de esos grupos se transformaron “en grupos violentos y criminales, tal y como es el caso de algunos grupos en Michoacán, los cuales supuestamente habrían iniciado como grupos de autodefensa comunitaria y luego se habrían convertido en cárteles de la droga, contribuyendo al aumento de la violencia en la región”.
La Comisión expresó su preocupación, respecto a que los grupos de autodefensa se hayan convertido en fuentes adicionales de violencia.
- Fuerzas privadas de seguridad
La CIDH también se refirió a las fuerzas privadas de seguridad que, “según algunos informes”, han surgido ante “la incapacidad de las fuerzas estatales de seguridad” en el país.
“Algunas grandes empresas nacionales e internacionales cuentan con sus propios cuerpos privados de seguridad. Las fuerzas privadas de seguridad también suelen ser fuentes de violencia.
“Cuando estas empresas privadas llegan a cometer violaciones a los derechos humanos, el Estado puede ser responsable, ya que la garantía de los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana implica responsabilidades estatales en la materia”, agregó.
Según la Comisión, la proliferación de las fuerzas privadas de seguridad en México es un fenómeno nuevo, pero creciente. Además, apuntó, otro punto de preocupación es la “creciente tendencia” de que empresas privadas operen cárceles, por la falta de regulación adecuada.
- La desigualdad
En México hay aproximadamente 55 millones 300 mil personas en situación de pobreza, de las cuales 11 millones 400 mil viven en situación de pobreza extrema.
Casi la mitad de la población mexicana (46.2 por ciento) vive en situación de pobreza, mientras que el 1 por ciento más rico de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país.
“La desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de la población, como los pueblos indígenas — quienes tienen una tasa de pobreza cuatro veces mayor — y las personas migrantes. Esta situación contribuye ampliamente a los niveles de violencia en el país”.
“En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también algunas de las zonas con los más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación”, agregó.
La falta de recursos económicos, apuntó la CIDH, suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia en el país.
- La impunidad
La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste, indicó la Comisión.
“Cuando los delitos de violencia, tanto aquéllos cometidos por particulares como por agentes del Estado, quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de impunidad”, se lee en el informe.
Al respecto, la CIDH dio la cifra de que más del 98 por ciento de los delitos cometidos en México permanecen en la impunidad.
- El tráfico de armas
Desde 2009, el porcentaje de armas ilegales que ingresan a México de Estados Unidos se ha mantenido constante, alrededor de 70 por ciento del total de armas ilegales que entran al país, según la CIDH.
“Según información de especialistas, en México podrían existir más de veinte millones de armas no registradas.
“Para evitar que el tráfico de armas y su fácil acceso contribuyan a la ola de violencia, es fundamental que el Estado cumpla y haga cumplir los requisitos de ley para su posesión, portación y comercialización, así como sus obligaciones internacionales en la materia”, alertó la CIDH.
