La protesta de la víspera se extendió por 70 ciudades de todo el país para pedir el levantamiento de esta situación excepcional y sobre todo, para tratar de hacer presión sobre grupos políticos que deberán votar en las próximas semanas una nueva ampliación de esta situación excepcional.
El proyecto de ley pretende reformar la Constitución para que los acusados por terrorismo con doble nacionalidad pierdan la francesa. Una polémica medida defendida por el Gobierno que ha creado división entre la población y la clase política.
La ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, dimitió el pasado miércoles a su cargo tras oponerse abiertamente a aspectos clave de las reformas que impulsa la Presidencia de Francia como revocar la nacionalidad a los terroristas con doble nacionalidad.
Taubira había expresado su rechazo a quitar la nacionalidad francesa a los ciudadanos galos condenados por delitos de terrorismo propuesta por el presidente francés, Francois Hollande, luego de los dos atentados del año pasado en París
El primero se desarrolló entre el 7 y el 9 de enero de 2015, que tuvo como objetivos la sede del periódico Charlie Hebdo y sus periodistas y trabajadores, y un supermercado judío de comida kosher, que costaron la vida a diecisiete personas.
Como ministra de Justicia, Taubira tenía que encargarse de poner en marcha la controvertida medida que sólo se aplicará a ciudadanos franceses que tengan la doble nacionalidad y que ha provocado un gran debate en Francia.
La ley de ciudadanía es popular entre los conservadores y la extrema derecha, pero resulta divisiva para los gobernantes socialistas.
Los manifestantes marcharon el sábado en unas 70 ciudades y localidades. Más de cinco mil de ellos lo hicieron bajo la lluvia en París.
El Gobierno anunció medidas de emergencia después de que una célula terrorista asesinara a 130 personas en la capital gala el 13 de noviembre. El plazo de las medidas termina en febrero, pero las autoridades quieren extenderlo otros tres meses.
Las medidas permiten a la policía hacer operativos de búsqueda y registro sin órdenes judiciales. Los grupos de derechos humanos advierten que esa situación podría ser causa de abuso de poder.
El mes próximo, el Parlamento francés someterá a debate la iniciativa para extender el estado de emergencia.
La Liga de derechos Humanos de Francia (LDH) apeló contra la decisión del Consejo de Estado de prolongar el estado de emergencia pública, por considerarlo como un peligro para la propia democracia ya que difumina la separación de poderes.
El gobierno quiere inscribir en el Código Penal procedimientos del estado de urgencia para convertirlos en permanentes. El proyecto de ley pretende reforzar la lucha contra el crimen organizado y su financiación, así como dar una mayor eficacia y garantías a los procedimientos penales, destacó el portal Euronews.
Dicha ley autoriza medidas coercitivas en circunstancias y en condiciones que el derecho común no permite como registros de la policía en cualquier lugar y hora sin el consentimiento del ocupante y sin tener que justificar el mínimo elemento que presuponga el haber cometido una infracción.
