En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados y senadores del Acción Nacional acusaron que el Gobierno federal y el PRI pretenden que el asunto quede en el olvido, por lo que demandaron iniciar investigaciones contra Abdalá Saad, acusado de desviar mil 600 millones de pesos y de vínculos con quienes habrían desaparecido a cinco jóvenes en la entidad jarocha.
“Javier Duarte impulsó y protegió a su ex tesorero y debe responder por las acusaciones que lo vinculan de la desaparición de cinco jóvenes”, exigió el coordinador del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera Ávila.
El senador sentenció que el diputado Antonio Tarek, protegido por el gobernador debe ser desaforado sino cuenta con el apoyo del PRI Nacional.
“El gobernador Duarte ha convertido a Veracruz en la entidad de la impunidad, el diputado Tarek está acusado de vínculos con el narco, desvío de fondos públicos y operar una red de extorsión a empresas locales; nos preocupa la desidia por parte de la autoridad de frenarle el paso a crimen o de tomar medidas necesarias para detenerlo”, criticó Herrera Ávila, acompañado de su par en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza.
El senador por el estado de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, añadió que el cuñado de quien fue detenido e identificado como lugarteniente del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue el candidato a presidente municipal del PRI en Tierra Blanca, en 2013.
Esta misma persona es quien el propio gobernador Javier Duarte señala como presunto responsable de los cinco jóvenes desaparecidos en el mencionado municipio, quien además financió y coordinó la campaña del diputado Tarek Abdalá.
“El involucramiento de la política y el narco en Veracruz es claro, a los cinco jóvenes los desapareció, además de la policía estatal, el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Tierra Blanca, es decir, nombrado directamente por el secretario de Seguridad. El nexo entre gobierno PRI y narcotráfico en el estado queda plenamente confirmado”, sostuvo el panista.
Yunes Márquez reveló que el 43 por ciento de los mandos de la policía estatal están reprobados en sus exámenes de confianza pero siguen operando supuestamente protegiendo a los veracruzanos.
