“Es necesario que la sociedad conozca el número de indagatorias que se han remitido a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, por parte de las diversas unidades administrativas de la PGR, a efecto de poder valorar su desempeño y, con ello, contar con información que permita apreciar los esfuerzos del Estado mexicano, que desde luego no dudamos que se están haciendo, para combatir el delito de tortura”, sostuvo la comisionada ponente, María Patricia Kurczyn Villalobos a través de un comunicado.
Afirmó que, de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del pasado 31 de diciembre, denominado Derechos Humanos en México, el estado que guarda la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades, ya que las cifras del Estado mexicano reportan que la PGR contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 240 investigaciones en trámite y sólo 15 sentencias condenatorias a nivel federal por este delito.
En respuesta al particular que solicitó ese y otros datos, la PGR señaló que sólo contaba con el registro de la Visitaduría General, que consta de 86 indagatorias (38 averiguaciones previas y 48 actas circunstanciadas) iniciadas a partir del 28 de octubre de 2015, fecha de creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
Precisó que en 78 casos, la denuncia se interpuso contra quien resultara responsable y en 8 indagatorias se denunció a 16 servidores públicos federales; 11, señalados como posibles elementos de la Policía Federal Ministerial.
La dependencia argumentó que aún no cuenta con los datos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, porque de conformidad con el Acuerdo A/101/2015, mediante el cual se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, los plazos con los que cuentan dichas áreas para entregar las indagatorias por la probable comisión del delito de tortura seguían vigentes.
Inconforme, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, mediante el cual manifestó que el número de casos reportados no coincide con los que ha dado a conocer la PGR en diferentes medios de comunicación.
En alegatos, la dependencia reiteró que le era imposible proporcionar la información estadística requerida, toda vez que aún no se remiten todos los expedientes a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
En el análisis del caso, de conformidad con los transitorios del Acuerdo A/101/2015, se advirtió que a partir del 28 de octubre de 2015, fecha en que entró en vigor dicho Acuerdo, por el que se crea esa Unidad, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito Servicios a Comunidad, previa validación contaba con un plazo de 30 días naturales para remitir los expedientes.
En ese sentido, se determinó que al 13 de enero de 2016, fecha en la que se solicitó la información, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura debía conocer los datos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito Servicios a Comunidad.
En relación con los datos de Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y otras unidades administrativas, se verificó que el plazo para entregar los expedientes a la Unidad Especializada siguen vigentes, por lo que la dependencia no está obligada a conocer la información.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir a las antes referidas, a fin de que proporcione al particular el número de casos de tortura que ha recibido la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
