Según un comunicado, en respuesta a la particular, quien requirió dicha información desglosada por año hasta la fecha de su solicitud, el sujeto obligado indicó que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascendió a 286 millones 380 mil 650 pesos. Precisó que de ese total se ejercieron, durante el periodo fiscal 2014, poco más de 15 millones 832 mil 69 pesos, y respecto al presente año, los recursos utilizados correspondían a 35 millones 279 mil 450 pesos.
Asimismo, la solicitante pidió saber los fines para los cuales se destina dicho gasto, a lo que Bansefirespondióno conocerla información, puesúnicamente, previas instrucciones que recibe de la Secretaría de Gobernación, destina los recursos necesarios para implementar y operar las medidas decretadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas.
Respecto al requerimiento de los montos no ejercidos, el sujeto obligado manifestó que carece de facultades paradeterminar, decretar o modificar las medidas referidas previamente, ya que ello sólo compete a la Junta de Gobierno.
Inconforme, la particular interpuso de revisión ante el INAI manifestando que la respuesta era incompleta, pues no se le informaba por año el monto de recursos asignados y ejercidos, así como por la falta de datossobre los fines para los cuales se destinan los recursos referidos.
Este caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana, quien en sesión pública enfatizó que la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, ha sido señalada a nivel nacional e internacional, como un aspecto de preocupación. En ese sentido, recordó las posturas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a los agravios que han sufrido estos sectores en los últimos años.
La comisionada ponente manifestó que dicho contexto es muy similar al descrito en 2012, en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se publicó con el objeto de establecer un Mecanismo de Protección el cual, entre otras características, refiere a la implementación de medidas preventivas, de protección y de urgente protección.
En el análisis jurídico, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances del sujeto obligado, se advirtió que Bansefi en su calidad de fiduciario, se encuentra en condiciones de informar sobre los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso, desde el 25 de noviembre de 2012, fecha de su constitución, hasta finales de 2013 dado que sólo atendió en su respuesta originallo propiodel 2014 y 2015.
Por otra parte, durante la celebración de una diligencia de acceso a la información en la sustanciación del diverso RDA 4616/15, se pudo advertir que si bien, el sujeto obligado no es quien lleva a cabo los procedimientos de contratación respectivos, lo cierto es que derivado del ejercicio de sus funciones, cuenta con copias de las facturas en que se consignan los bienes y servicios adquiridospara la implementación de medidas de protección, lo cual da cuenta de la solicitud dela particular en torno de los fines a los que se destina el gasto mencionado.
No obstante, la comisionada Cano preciso que tales documentos contienen el nombre o razón social del proveedor del bien o servicio adquirido, cuya difusión podría poner en riesgo su vida o seguridad, debido a los actos violentos que agresores pudieran infligirles a fin de obtener datos sobre la manera en que se implementan las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que al momento de entregar esta información al particular, Bansefi deberá hacerlo en versión pública.
