En particular, el parlamentario confió en que este diagnóstico y sus resultados sean un acicate para que las autoridades cumplan sus tareas en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia.
El parlamentario perredista recordó que a finales de mayo pasado propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la cual fue integrante, que exhortara a la CNDH realizar dicho diagnóstico con miras precisamente a que autoridades cumplieran su deber en cuanto a garantizar el Estado de Derecho.
En su argumentación, Ortega alertó sobre el acelerado aumento de “justicia por propia mano” en diversas poblaciones del país, en particular del Estado de México, ante la evidente ineficiencia o complicidad de las autoridades para combatir a la delincuencia de todo tipo.
Algunos de los “ajusticiamientos” se registraron en municipios donde operaba el “Mando Único”, lo que hacía aún más evidente la incompetencia para prevenir la inseguridad y procurar justicia a víctimas, y orillaba a una sociedad hastiada a buscar presuntos culpables y castigarlos.
En particular consideró en aquel entonces necesario que los gobiernos de los estados de México y Puebla garantizaran el imperio de la ley a fin de prevenir y evitar más de estas ejecuciones ilegales en sus respectivos territorios.
“Para la ciudadanía es patente la gran incapacidad de la autoridad para garantizarle seguridad y por ello, por ejemplo, decidió formar grupos como los vecinos vigilantes, lo mismo que advertir a los delincuentes por medio de mantas que de ser sorprendidos delinquiendo serían linchados. También se ha dado el caso de pasajeros que han dado muerte a delincuentes a bordo del transporte público”, refirió en aquellas fechas.
Recordaba que desde octubre de 2015 propuso un acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a garantizar lo mismo que hoy se les pide, es decir, Estado de Derecho y prevención de linchamientos.
Sin embargo, ambos ignoraron la alerta y el resultado es un ambiente donde la violencia y la inseguridad han hecho nugatoria la tranquilidad familiar.
“Lejos de resolverse la problemática, en lo que va del presente año se han multiplicado estos actos en diversos municipios, con saldos de presuntos delincuentes muertos a golpes, quemados o ahorcados en plazas públicas. De hecho, al mes es lapidada una persona en territorio mexiquense”, dijo Ortega en mayo y lo mismo –agregó– puede decirse a estas alturas de diciembre.
Dictaminada positivamente la propuesta de mayo por la Permanente, hacia finales de junio se envió el exhorto a la CNDH, pero también el correspondiente a los gobiernos estatales para que desarrollasen y aplicasen protocolos de prevención y disuasión de linchamiento a través de la pronta reacción y sanción de responsables de este tipo de actos.
Por lo pronto, la CNDH ya respondió positivamente y el pasado 18 de octubre notificó a la Cámara de Senadores –donde sesionó la Permanente del 29 de abril al 31 de agosto- que elaboraría un informe especial sobre la problemática.
El oficio llegó a la Cámara de Diputados el 24 de noviembre y, tras conocer la noticia, el diputado proponente saludó la disposición de la CNDH.
“Los actos de “justicia por propia mano” –insistió Ortega– son la forma más grotesca en que se refleja la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de gobierno y son sinónimo de la debilidad del Estado de Derecho. Estamos obligados a recuperar la confianza de la ciudadanía con urgencia, pues los linchamientos se siguen perpetrando”, concluyó.
