Así lo aseguró el Ejecutivo federal desde el 16 de diciembre del año pasado al dar respuesta, por escrito, a las preguntas parlamentarias formuladas por el PAN en la Cámara de Diputados.
Pese al reclamo del blanquiazul de evitar una impunidad cada vez más creciente en la actual administración, el Gobierno federal clasificó como reservada cualquier información existente sobre alguna investigación abierta para perseguir la probable comisión de ilícitos incurridos por Moreira Valdés, así como de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, y Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Todos de extracción priísta.
El cuestionamiento formulado por la fracción coordinada por el diputado Marko Cortés Mendoza, en relación al Tercer Informe de Gobierno, requiere información sobre por qué no han sido detenidos y, en su caso, entregados a las autoridades los cuatro ex gobernadores, acusados de presunto enriquecimiento ilícito.
El documento de respuesta remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) a los diputados detalla que al tener la SFP a su cargo la fiscalización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los recursos transferidos a los estados y municipios, se continuará con el ejercicio de sus atribuciones para determinar irregularidades sustentadas en la evidencia documental y emitir las recomendaciones correctivas y preventivas que sean procedentes.
En lo que compete a la Procuraduría General de la República (PGR), como lo establece el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, precisa que al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o representante legal, en todos los documentos y evidencias relacionadas.
Sustentados en la fracción Tercera del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puntualiza que “las averiguaciones previas también se considerarán como información reservada”, por tanto no es posible proporcionar estos datos como lo solicita el PAN en su cuestionamiento parlamentario.
“La PGR trabaja intensamente en colaboración con otras dependencias a efecto de garantizar una procuración de justicia pronta y expedita con pleno respeto a los derechos humano”, señala el informe.
Marko Cortés criticó que una vez más México queda en el ridículo internacional y los mexicanos deben agradecer a España por hacer lo que en el país no se atreven.
Para el panista, con estos hechos se explica el comportamiento, complicidad y colusión automática que se da en el PRI-Gobierno, pues dijo que “en México la inocencia de cualquier delincuente está garantizada si es priísta.”
Insistió en su exigencia a las autoridades federales competentes dar cauce a las denuncias penales que se han presentado en contra de Humberto Moreira por enriquecimiento inexplicable sobre propiedades que se tienen documentadas en San Antonio, Laredo y McAllen, Texas, en EUA; en Saltillo, Coahuila y ahora en España.
“Exigimos se proceda con todo el peso de la ley y se le castigue por el saqueo de dinero de las arcas estatales, fraude y lavado de dinero al ex Presidente Nacional de PRI”, fustigó.
“Que se haga justicia a todos los coahuilenses por la mega deuda millonaria de más de 33 mil millones de pesos; no podemos consentir que este tipo de casos sigan en la total impunidad y que en México existan intocables”, demandó al Gobierno federal.
“En caso de que existiera una petición formal de extradición por parte de algún gobierno extranjero, se seguirán los procedimientos que, para tal efecto, prevén las leyes y los tratados internacionales en la materia”, especifica la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto en relación a si serán entregados a las autoridades norteamericanas para abatir y perseguir estos, como muchos otros casos de impunidad.
