
Lobo marino descansa en playa de Puerto Vallarta
PUERTO VALLARTA, Jal., 10 de junio de 2025.- Con el objetivo de evitar y atender de una manera integral el abuso sexual infantil en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, se firmará un pacto en contra de este fenómeno delictivo que aqueja a ambos municipios y estados.
Quienes lo impulsan, Red Justicia Nayarit, es un organismo multidisciplinario que engloba varios organismos civiles y empresariales que desde hace años ha elaborado un documento con ejes y acciones encaminadas a la prevención, atención y reparación de daños de los casos de abuso sexual.
Acciones entre los gobiernos de Jalisco y Nayarit, los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, que habrán de seguir dicho documento que se elaboró por parte de los organismos.
“Se tuvieron sesiones de trabajo con autoridades de los dos estados, de los dos municipios, se incorporaron acciones que llegaron a un consenso en cuanto a cuáles son estas principales acciones en tres grandes ejes, que tiene que ver con la prevención, atención y reparación del daño”, detalló al respecto la activista y defensora de derechos humanos Sandra Quiñones.
Ya ahorita -añadió- estamos en el momento de estar cuadrando agendas con gobernadores para la firma del documento, evento que se prevé sea concretado en el mes de julio.
“La intención es ,que las autoridades, tanto municipal como estatales tengan políticas públicas transversales y multidisciplinarias en un tema que también históricamente ha sido abandonado, relegado, que nadie presta atención, como es el abuso sexual infantil”, destacó la abogada de profesión.
Acciones que tienen como objetivo brindarles, sobre todo a las víctimas directas, todas las atenciones que el estado está obligado a darles, pero también generar todas las políticas públicas para la prevención de casos de abuso sexual infantil.
“Irremediablemente nos tendremos que referir también a los temas de trata, por qué esto es también un abuso sexual. Poder llenar todos los espacios de actuación de las autoridades.
También se busca articular de manera eficiente el actuar de las autoridades y dejar de trabajar “cada quien por su lado”.
“Lejos de coordinar esfuerzos, trabajos, acciones, hemos venido constatando que estas víctimas son de las que se encuentran en mucho mayor estado de vulnerabilidad aquí en la zona, sumado a que es un delito que tiene una alta incidencia”, explicó.
Se prevé que en julio se signe este pacto y que ya en agosto empiece a trabajar en la creación de estas políticas públicas, pues implica no solamente la participación del ejecutivo sino también del legislativo y el judicial de ambos estados.
“Es un documento que ha sido diseñado para que desde el legislativo ejecutivo y Judicial generar todos los mecanismos y políticas públicas pendientes a poder proteger a los niños, primero; evitar que sufran un abuso sexual infantil y, aquellos que ya sean víctimas, que tengan todos los elementos para que el estado pueda cobijarlos y darle todo lo que necesita para que pueda procesar el evento de una manera mucho más sana, mucho más orgánica y, sobre todo, transversal”, puntualizó.