
Rescata Protección Civil Tlaquepaque un mono araña en Lomas de San Miguel
GUADALAJARA, Jal., 16 de diciembre de 2020.- Este miércoles, el Fiscal Especializado Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, anunció rueda de prensa el balance de este 2020, en el que destaca la vinculación a proceso de una persona involucrada en el tema de los tráilers con cadáveres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y que vagaron por distintos municipios de la metrópoli con estos restos humanos.
“Nosotros tenemos a una persona vinculada que se encargaba de la administración precisamente de la oficina general de ese entonces y nosotros pudimos constatar que ese contrato no fue llevado a cabo de una manera correcta, porque no había una partida que se hubiese destinado para tal efecto, sino una distracción de una cantidad de dinero para pagar ese contrato”, detalló.
La manera en la que estuvieron recorriendo la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en septiembre de 2018 como si nada, detalló el funcionario, fue desafortunada, pero principalmente se violentaron los derechos humanos de estas personas que no habían sido identificadas ni entregadas a sus familiares.
“No es lo único que hemos tenido al respecto porque antes de que se manejara lo de los cuerpos de una manera que consideramos desafortunada, antes de que se manejara, primero se contrataron los tráilers y ese tema del contrato es un tema que tenemos una carpeta de investigación abierta y es un tema que tenemos a una persona vinculada”, añadió .
De la Cruz Tovar, explicó que continúa la carpeta de investigación pese a la vinculación de un presunto culpable, reiteró que seguirán indagando para dar con más personas relacionadas al tema.
“En el caso de los tráilers tenemos diversas carpetas investigación, en la mayoría tiene que ver con el manejo, cómo se le da el manejo de los cadáveres. Nosotros aquí podemos ubicar, uno, es la forma en que se contrataron los tráilers, quién los contrató y de dónde salió el dinero”, concluyó.
Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción sigue investigando alrededor de 20 servidores públicos relacionados a estos hechos.