Magistrados federales desechan recurso a Chema Martínez
GUADALAJARA, Jal; 17 de junio de 2024.- Por haber pedido dinero a cambio de simular y realizar los trámites para una licencia de publicidad que resultó ser falsa, la Contraloría Ciudadana del Gobierno de Guadalajara, determinó la medida cautelar de suspensión del empleo y la existencia de una falta administrativa grave, atribuible al cohecho, para una servidora pública, adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.
“Nuevamente estamos ante un hecho de corrupción y una práctica que va totalmente en
contra de los valores y principios de la ética e integridad del municipio; la presunta responsable solicitó dinero a un ciudadano por simular y entregar una licencia de publicidad que resultó ser falsa”, explicó la Contralora Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.
“En este sentido la ley es muy clara, incurre en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, y este es el caso”, enfatizó.
Segú se informa en un comunicado, la contralora Cynthia Cantero, reiteró que este asunto en particular ejemplifica la importancia de que las y los ciudadanos denuncien a las personas que se hacen pasar por “gestores” y aluden a una supuesta influencia dentro del Gobierno Municipal.
“Es lamentable como la servidora pública, más allá de simular gestionar la licencia para colocar publicidad en una plaza comercial, posteriormente le volvió a solicitar dinero para el retiro de sellos de clausura de dicha licencia falsa, de manera dolosa, abusando del desconocimiento del denunciante y obteniendo la cantidad de 60 mil pesos”, explicó.
Por lo anterior, se presentará denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción de Jalisco y la investigación se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que resuelva de fondo el asunto, por ser de su competencia el conocer los hechos de corrupción que son calificados como faltas graves.
Asimismo, se informa que dar a conocer el nombre de presuntos responsables por faltas administrativas, graves y no graves, en esta etapa procesal, consiste en violaciones a principios y derechos humanos como la presunción de inocencia, protección de datos personales y de audiencia y defensa.