Señalados por OFAC estarían relacionados con caso call center de Zapopan

GUADALAJARA, Jal., 17 de julio de 2024.- La Oficina de Control de Archivos y Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), a cargo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres contadores con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y cuatro empresas mexicanas señaladas de cometer fraudes en tiempos compartidos, todos bajo la presunta operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

HISTORIAL

Los contadores tienen relación directa con familiares del grupo delictivo, es el caso de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermana de Julio César Montero Pinzón, alías El Tarjetas, a quien se considera una de las cúpulas de la organización delincuencial; además de Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Fobert, abogado mexicano relacionado con actividades del cártel, y Emiliano Sánchez, esposo de ésta.

La OFAC informa que el hilo conductor de las estafas son los call center, cuyos empleados, desde México, se hacían pasar por corredores de condominios de tiempos compartidos, abogados o representantes de ventas externos, quienes promovían esquemas de taifas anticipadas para consolidar las estafas, además enganchaban a sus víctimas con alquiler de propiedades e inversiones inmobiliarias.

Asimismo, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a las empresas: Constructora Sandgris, S. de R.L, dedicada al comercio mayorista y Pacific Axis Real Estate, Realty & Maintenance, y Bona Fide Consultores, todas implicadas en los presuntos fraudes.

Los afectados, pensionados estadounidenses en su mayoría, quienes fueron defraudados con la compra simulada de tiempos compartidos en zonas vacacionales de México, principalmente en Puerto Vallarta, y luego fueron contactados por los señalados, pero bajo la identidad falsa de bufetes de abogados, quienes negociaban transferencias bancarias a través de la entidad crediticia de Estados Unidos, y rermitidos a compañías ficticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa, y empresas fintech. 

El dinero se blanqueaba a través de empresas ficticias y fideicomisos adicionales controladas por miembros del alto nivel del cártel, sus familiares y otras instancias lavadoras de dinero, como despachos contable.

Puerto Vallarta es uno de los destinos preferidos para pensionados y turistas estadounidenses más importantes de América Latina, además de ser uno de los tres más importantes para viajeros internacionales en México.

ATAQUES A POLÍTICOS

Otros presuntos beneficiarios de las transacciones son Carlos Andrés Rivera Varela La Firma, señalado como el autor material del magnicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval; y Francisco Javier Gudiño Haro La Gallina, otro de los presuntos orquestadores de ataques a personajes de peso, como Omar Hamid García Harfuch, ambos líderes delincuenciales también están fichados por el gobierno de Estados Unidos.

Según información del FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, más de seis mil estadounidenses fueron estafados con estos fraudes de multipropiedad desde México, con detrimentos superiores a los 300 millones de dólares 

CALL CENTER ZAPOPAN 

Estas operaciones están relacionadas con la desaparición de al menos ocho jóvenes, cuyos cuerpos se localizaron sementados y dispuestos en bolsas negras en una barranca en el predio El Tempisque, al norte de Zapopan.

Los muchachos, eran empleados de call center, quienes recibían buenas remuneraciones porque, además de altos grados de estudios hablaban un fluido idioma inglés. 

Estos centros de mercadeo telefónico llevaban casi cuatro años trabajando, hasta que en mayo de 2023 los trabajadores fueron asesinados en masa, a manera de represalia porque querían renunciar a su empleo.

Aunque las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco refieren del antecedente de su operación desde 2014 en el estado de Jalisco, desde entonces el FBI advirtió sobre esas operaciones, y emitió una alerta en la que señaló que los defraudadores contactaban a los vendedores vía correo electrónico diciéndoles que tenían un comprador listo para las propiedades que tenían algunos de los afectados, pero el vendedor necesitaba pagar impuestos y otras cuotas antes de que el acuerdo pudiera concretarse; los intermediarios desaparecían luego de los primeros cobros.

A finales de ese año, un trabajador de uno de esos call center, asentado en una finca de la colonia Colinas de San Javier, de Guadalajara, fue secuestrado luego que presuntamente se negara seguir estafando personas. 

En octubre del año siguiente, 19 trabajadores de otro call center fueron detenidos en un hotel de Guadalajara en atención a denuncias de defraudación y extorsiones. 

En ese momento los jóvenes empleados argumentaron estar trabajando bajo amenazas de sus jefes.

Después, a principios de 2016, la Fiscalía de Jalisco desmanteló otros dos call center que operaban desde dos fincas: una en la colonia Moderna de Guadalajara, y otra en Loma Dorada de Tonalá.

BOLETINADOS

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, informó que durante 2022 las afectaciones ascendieron a más de 39.6 millones de dólares en detrimento de al menos 600 ciudadanos estadounidenses, estadísticas avaladas por el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.

Al año siguiente, el Departamento del Tesoro emitió una alerta sobre la existencia de ocho empresas, cinco de éstas, asentadas entre Puerto Vallarta y Guadalajara, además de la comisión de fraudes por personas ligadas al CJNG, y otros delitos como el lavado de dinero.

El órgano gubernamental estadounidense también difundió un listado de 19 empresas con activos congelados por el gobierno estadounidense que recibían los recursos de las estafas y realizaban defraudación fiscal; se destacaron dos agencias de viajes y empresas de bienes raíces y de construcción.  Entonces se informó de líderes del Cártel Jalisco radicados en Puerto Vallarta como los dirigentes de esta red y se citó a los empresarios Brayan Moisés Luquin Rodríguez, Eduardo Pardo Espino y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, como operadores; además de otras personas como: Ian Jasiel González Villegas, Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zárate y Pedro Rivas Sánchez.

Existe la versión de que los llamados Cinco Amigos, de Lagos de Moreno, se negaron a participar en los trabajos de un call Center, presuntamente operado por el CJNG. Sobre este último caso hay cinco personas detenidas, y vinculadas a proceso.