PUERTO VALLARTA, Jal., 17 de agosto de 2020.- A través del hashtag #LasNiñasNoSeTocan, el colectivo 50+1 México lanzó esta petición dirigida al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco y a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, para evitar que el agresor de una menor de 10 años salga libre por fallas en el debido proceso.
En la solicitud, se señala que el pasado 26 de julio, Luis Alonso (N) fue detenido por policías tras ser sorprendido con una niña de diez años desnuda en su automóvil; sin embargo, el Juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Acusatorio Especializado en Violencia contra las Mujeres con sede en Puerto Vallarta, decidió no vincular al acusado a proceso por corrupción de menores.
Si bien, el agresor sigue en prisión y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco suspendió sin goce de sueldo a dicho juez, “las integrantes del Colectivo 50+1 hacemos un llamado para que el abusador no sea liberado bajo ninguna circunstancia y que sea procesado conforme al procedimiento legal y se respete el Estado de Derecho”, señala la solicitud que a las 19:00 horas de este lunes llevaba ya 3 mil 511 firmas, cifra que crece constantemente.
Interviene Conavim
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) llama a las autoridades de Jalisco a juzgar el caso con perspectiva de género y anteponiendo el Interés Superior de la Niñez.
A través del comunicado 086/2020, la Conavim señala que el pasado 26 de julio, una menor de diez años fue abusada sexualmente en Puerto Vallarta, presuntamente por el director de Recursos Humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta. Luis Alonso «N».
Por tal razón, hace un llamado a las autoridades de Jalisco, incluyendo a la Fiscalía General del estado, al Consejo de la Judicatura local y a las autoridades del municipio de Puerto Vallarta, a juzgar el caso conforme a la ley y convenios internacionales suscritos por México.
“Para la comisión es fundamental que se juzgue con perspectiva de género y se anteponga en todo momento el Interés Superior de la Niñez. Además, la Conavim considera que se deberá tomar como agravante el hecho que el presunto agresor es servidor público”, detalla.
Las y los jueces -añade- deben garantizar el derecho de acceso a la justicia de niñas y mujeres víctimas de violencias y poner fin al clima de impunidad que rodea estos hechos.
De tal manera que la Conavim estará atenta a la evolución del caso de la menor y dará seguimiento a la actuación de las autoridades locales para garantizar que la víctima tenga acceso a la justicia y a la reparación del daño.