Reformas al código penal y autonomía del MP, ejes de seguridad de Alfaro

GUADALAJARA, Jal; 9 de abril de 2018.- Una estrategia de seguridad que pondere la prevención por encima de la reacción es la propuesta del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez para recuperar la paz y acabar con la impunidad.

El planteamiento del abanderado de MC contiene 10 ejes, entre los que destaca la implementación de un nuevo sistema de sanciones y justicia penal,  una Fiscalía General y Ministerios Públicos independientes y una metropolicía.

La presentación convocó a académicos y representantes de la iniciativa privada, quienes escucharon de entrada un diagnóstico del Estado de Jalisco desolador: apenas 5.4 de cada 100 investigaciones se resuelven, tan sólo el 6.7% de los delitos son denunciados y la tasa de reincidencia delictiva es del 31%.

“No hay otra manera de explicar mejor por qué la necesidad de refundar el Estado que cuando vemos la realidad de Jalisco en materia de seguridad”, dijo  Alfaro Ramírez.

El alcalde de Guadalajara con licencia aseguró que el modelo de seguridad de la actual administración ha fracasado, por lo que  es necesario un nuevo sistema de sanciones y justicia penal para que los delincuentes ya no sigan en la impunidad.

“Como marco institucional impulsaremos un Código Penal que adopte el modelo de funcionalismo social, se realizará una reestructura constitucional y orgánica para tener un sistema de seguridad y justicia funcionales”, destacó.

Alfaro Ramírez expuso que es necesario que la Fiscalía General del Estado sea autónoma “de verdad, no de dientes para afuera”.

Su propuesta, precisó, es que el Ministerio Público deje de ser un “muégano” con las policías.

Abundó que regresaría la secretaría de Seguridad Pública, con la reinserción social como un órgano desconcentrado y el fortalecimiento de la Justicia Alternativa.

Al presentar la estrategia, Alfaro Ramírez se comprometió a elevar la resolución de los conflictos a través de la justicia alternativa  del 2 al 15% en 18 meses y reducir en 80% los tiempos de espera de las víctimas.