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GUADALAJARA., 25 de noviembre de 2024.- Con el objetivo de que los trabajadores en México, al momento de retirarse, tengan acceso a una pensión más digna, aunque hayan laborado en diferentes lugares con el paso de los años, el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños presentó una iniciativa que denominó de portabilidad laboral.
También establece candados para evitar que los gobiernos caigan en la tentación de utilizar los recursos de los ahorros de los trabajadores, como ocurrió en los últimos tres sexenios en Ipejal.
“Porque en el periodo de Emilio, de Aristóteles, en paz descanse y de Enrique, a Pensiones del Estado le han sacado tres mil 98 millones de pesos. ¿Y qué está sucediendo con el IPEJAL? Está quebrando. ¿Y cómo se pensionan los trabajadores? ¡Ah! Pero hoy sale una nota de que hay dos municipios que le deben a pensiones. ¿Y qué quieren embargarles? Porque les deben dos municipios. ¿Y por qué nadie dice nada de los tres mil 98 millones?”
El Senador por Jalisco presentó una iniciativa para que las autoridades reconozcan como derecho laboral la portabilidad de la seguridad social entre los sistemas existentes, lo que significa que un trabajador pueda acumular sus años y semanas de cotización, así como sus aportaciones en el sistema que mejor le convenga y que les garantice una jubilación o pensión por vejez.
La propuesta fue presentada ante el Pleno del Senado de la República e incluye una prohibición dirigida a las instituciones que administran los sistemas de pensiones en el país, ya que en ocasiones utilizan los ahorros de los trabajadores en inversiones especulativas, desarrollos o en obligaciones gubernamentales.
Propuso reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la portabilidad de la seguridad social como un derecho y prohibir las inversiones de alto riesgo que comprometan los recursos de los trabajadores.
En su exposición de motivos, el Senador Carlos Lomelí señaló que, de acuerdo a la encuesta del INEGI de 2022, 65 millones de personas se encontraban económicamente activas en el país, pero al segundo trimestre de ese año se reportó que casi 18 millones de personas, mayores de 60 años, por no contar con la portabilidad, no recibían pensión por parte del IMSS, ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social.
A la fecha, dijo, la única ley que reconoce la portabilidad como derecho es la del ISSSTE, sin embargo, para llevarse a cabo debe de existir un convenio autorizado por su Junta de Gobierno y la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, recordó los casos que se han dado en Jalisco, como el desarrollo de Chalacatepec, en Tomatlán, en donde se destinaron 75 millones de dólares del Instituto de Pensiones, o la construcción de la Villa Panamericana, en Zapopan, donde se invirtieron 600 millones de pesos. Ambos casos se registraron en la administración del ex gobernador panista Emilio González Márquez.
Para la siguiente administración de Jorge Aristóteles Sandoval, 603 millones de pesos fueron tomados de esa misma institución para comprar tres bonos de deuda a la empresa española Abengoa, que actualmente cuesta cuatro pesos por cada bono.
En total, concluyó el senador Carlos Lomelí, el perjuicio económico para el Instituto de Pensiones de Jalisco y los trabajadores es de tres mil 98 millones de pesos. La iniciativa fue turnada a las comisiones respectivas del Senado para su análisis y dictaminación.
Por otro lado, en rueda de prensa, el legislador afirmó que no existe un maltrato presupuestal federal hacia Jalisco, porque el próximo año la entidad recibirá más de 180 mil millones de pesos.
Detalló que tan solo en los programas sociales, es decir, los de bienestar, se reparten en el estado más de 41 mil millones de pesos que dan vitalidad a la economía local, y que en caso de que se hiciera realidad la salida del pacto fiscal esos recursos dejarían de llegar al estado y sus pobladores.