Pagarán 2 policías vallartenses 60 mil pesos por mentir en informe

PUERTO VALLARTA, Jal., 19 de diciembre de 2024.- Los policías municipales de Puerto Vallarta, María Ana “N” y Marcelino “N”, obtuvieron la suspensión condicional del proceso que se les sigue por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública y en otros ramos del poder público.

En audiencia celebrada este jueves en los juzgados de Control y Oralidad del Octavo Distrito con sede en Puerto Vallarta, la Jueza Susana Azzaid Betancourt Flores, resolvió conceder la suspensión condicional del proceso a ambos elementos, beneficio considerado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y les impuso como condiciones que deberán cumplir durante los próximos seis meses: someterse a control judicial periódico de la Unidad de Medidas Cautelares; tomar un curso de derechos humanos; además, no podrán cambiar su lugar de residencia y tienen prohibido acercarse al domicilio de la víctima y causarle actos de molestia.

Asimismo, la Jueza aprobó el plan reparatorio del daño a las víctimas mediante el cual cada uno de los elementos deberá pagarles $20,545 pesos, lo que suma $41,090, pesos. En adición, cada uno deberá aportar un donativo de $7,000 pesos, $14,000 mil en total, en favor de la asociación civil Refugio Infantil Santa Esperanza (RISE) de Puerto Vallarta.

El 25 de junio de 2023, en la Colonia Las Juntas de Puerto Vallarta, ocurrió un accidente vial en el que falleció el conductor de una motocicleta. Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados encontraron al responsable a bordo de su vehículo y Marcelino “N”, solicitó mando y conducción, sin señalar que el conductor se encontraba en el lugar.

Luego, trasladaron al conductor a los juzgados municipales donde María Ana “N” lo presentó ante la Jueza Municipal en turno, declarando que recibieron un reporte en el que les notificaron un choque y que cuando llegaron al lugar encontraron a una persona agresiva, por lo que lo detuvieron por esa falta administrativa; sin embargo, nunca refirieron que él era el conductor de la camioneta involucrada en el percance vial.

Semanas después, en el mes julio, la madre de la víctima acudió a la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta a denunciar los hechos. La Agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación y en sus indagatorias encontró que los policías mintieron en su Informe Policial Homologado (IPH), lo que entorpeció la investigación para determinar la responsabilidad del conductor, por lo que se violaron los derechos fundamentales de la víctima.

Por lo anterior, presentó el caso ante la Jueza quien resolvió el 1 de abril de 2024 vincularlos a proceso por abuso de autoridad que comente el servidor público que permita actos atentatorios a los derechos humanos y por delitos cometidos en la administración pública y en otros ramos del poder público al ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, así como entorpecer una investigación.

La defensa de los uniformados promovió la suspensión condicional y tras acordar con las víctimas el acuerdo reparatorio, la jueza las concedió este día el beneficio previsto en la ley.