Pide Comisión de Derechos Humanos reforzar atención al víctimas del 22 de abril  

GUADALAJARA, Jal., 21 de abril de 2022.- A 30 años de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara y con el paso de las décadas, las personas afectadas han denunciado las complicaciones para el acceso a atención médica, exclusión de la incorporación del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social, imposición de determinaciones institucionales y una deuda en relación al esclarecimiento legítimo de los acontecimientos, recordó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco.

“Este organismo constitucional autónomo considera altamente relevante que se refuerce la atención y reparación integral del daño a las personas afectadas por el caso 22 de abril. Más aún cuando, a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano tiene las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

El organismo recuerda que tanto la legislación nacional como la local establecen mecanismos en donde se reconoce el derecho humano a la reparación integral del daño en favor de las víctimas, regulado por la Ley General de Víctimas y su reglamento, así como por la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y su reglamento, al igual que el derecho de acceso a la verdad. 

La CEDHJ califica como deuda histórica la que el Estado mexicano mantiene hacia las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992, por lo que reitera la solicitud para que las autoridades del Estado de Jalisco, particularmente quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo, atiendan lo establecido en el “Informe Especial Caso 22 de abril”. 

“Deben considerarse como hechos evidentes la continuidad de los impactos y afectaciones que esta tragedia sigue provocando tanto en las personas directamente involucradas, como en la sociedad en general, que vive en la incertidumbre de saber lo que realmente sucedió, quiénes fueron las autoridades involucradas y cuál fue el deslinde de responsabilidades, incluyendo a las autoridades de todos los niveles y ámbitos de gobierno; por lo que, en consecuencia, no se ha cumplido con la reparación integral de los daños bajo los estándares del derecho internacional ante situaciones de graves afectaciones a los derechos humanos, como fue esta tragedia que llenó de luto y dolor a cientos de familias que, a 30 años, continúan sufriendo ante la insuficiencia de acciones por parte de los gobiernos”.

En abril de 1992, personas vecinas del sector Reforma, en la ciudad de Guadalajara, alertaron sobre humo y olor a combustible que provenían del sistema de alcantarillado:  los colectores de aguas estaban acumulando gasolina. Pero los indicios fueron obviados por las autoridades públicas. 

La mañana del día 22, el riesgo detonó. Una serie de explosiones provocaron, según cifras oficiales,  la muerte de 212 personas y la desaparición de 69; fueron destruidos 8 kilómetros de calles y dañadas 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos.

El suceso rebasó la respuesta del Estado mexicano. Las personas rescataron de entre los escombros a sus propias familias, a vecinas, vecinos, amistades.  El siguiente paso fue la exigencia de justicia.

El 11 de diciembre del año 2000, la CEDHJ emitió la Recomendación 16/2000 por las violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de justicia, derivadas del caso. 

El 19 de abril de 2020 la CEDHJ publicó el “Informe Especial Caso 22 de Abril”, con el objeto de que se garantizara la reparación integral del daño a las víctimas y se conformara una comisión de la verdad, integrada por sociedad civil, academia, gobierno y, sobre todo, en la que las afectadas y los afectados tuvieran una voz protagónica.