Pide CNDH declarar inconstitucionalidad en Jalisco por caso Giovanni

GUADALAJARA, Jal., 4 de junio de 2020.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponga una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Gobierno de Jalisco que otorgó carácter de obligatorias las medidas sanitarias, “lo que solo ha provocado abusos y excesos como sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos” como la muerte de Giovanni, presuntamente a manos de policías municipales, donde autoridades señalan que su detención fue por no usar cubrebocas.

Así lo solicitó la diputada federal por Morena, Laura Imelda Pérez Segura en su proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, ante la Cámara de Diputados.

Para que “la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Estatal con número de folio DIELAG ACU 026/2020 emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el 19 de abril del año en curso en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco”.

La legisladora jalisciense señaló que el acuerdo estatal emitido por el Ejecutivo Estatal no corresponde a sus facultades, “a todas luces, las medidas impuestas por el gobernador del estado de Jalisco están fuera de todo fundamento científico y de toda legalidad. La falta de cubrebocas se ha utilizado como una justificante del abuso en el uso de la fuerza, situación que han sido ampliamente documentada y manifiesta en diversas publicaciones que incluso han tenido alcance internacional”.

Indicó que el mandatario ha tratado de sacar beneficios políticos de la situación, “pues es evidente que las medidas implementadas por el gobernador y que cataloga de “oportunas” y “necesarias” responden más a un tema de agenda política, de posicionamiento público y de interés personal que a una situación de emergencia sanitaria. Lo más grave es que esta actitud ha generado una constante violación a los derechos humanos”.

Explicó que lo que ha desatado diferentes violaciones en municipios como Tala, Chapala y Tlaquepaque por el no uso del cubrebocas, ha sido por las atribuciones que el Gobierno le dio a los municipios.

“El acuerdo estatal solicitó a las corporaciones policiales municipales ejecutar las acciones de detención de quienes no acataran el confinamiento obligatorio. La situación se ha distorsionado en contra de los derechos de los propios ciudadanos, debido a que primero los elementos policiales se exceden en sus métodos para solicitar el uso de cubrebocas”.

“Es claro que dicho acuerdo estatal emitido el pasado 19 de abril, priva a capricho el ejercicio del derecho al libre tránsito plasmado en el artículo 11 constitucional, al grado de criminalizar un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, pues en el apartado de consideraciones fracción VII del acuerdo estatal se fundamenta el uso de la fuerza pública”, concluye la legisladora.

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