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GUADALAJARA, Jal., 18 de diciembre de 2024.- El diputado emecista local Omar Cervantes Rivera pide que, desde Jalisco, se haga un exhorto formal a la Cámara de Diputados de la nación para integrar a la recientemente aprobada reforma a la ley del Infonavit, mecanismos para evitar la corrupción y el desvío de los fondos destinados a proveer de vivienda digna a la gran mayoría de los mexicanos
Esto, dijo, ante el el riesgo de que pueda hacerse uso indebido de los recursos de los trabajadores que administra el Instituto, tras la reforma aprobada la semana pasada en la Cámara de diputados y que otorga a las autoridades federales facultades de discrecionalidad en esta tarea.
Durante la última sesión del pleno del Congreso del Estado, el legislador expresó su preocupación en tribuna por este tema “tan grave” que compromete más de 2 millones de millones de pesos y advirtió: “El Infonavit ha funcionado como un banco en los últimos 30 años y no como generador de vivienda, y lo que están proponiendo ahora es rescatar ese banco quebrado con el dinero de los trabajadores, creando con ello un nuevo Fobaproa, el Fobaproa de la vivienda”.
GARANTÍA EN MANEJO DE RECURSOS
Por ello, presentó ante el pleno de las y los diputados una iniciativa de acuerdo legislativo en el que se le solicita al Congreso de la Unión que garantice el manejo de los recursos de los trabajadores con buen criterio de manejo de finanzas y blindarlos de actos de corrupción y no solo disponga de tales fondos, expuso.
Su propuesta ha ingresado a comisiones y, probablemente será aprobada en la próxima sesión del Poder Legislativo de Jalisco.
Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió, discutió y aprobó el mismo día la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit presentada por la presidencia de la República que contempla: La modificación de los órganos Centrales donde se minimiza la presencia de los trabajadores y patrones, «y así utilizar sus recursos a discrecionalidad».
“El dinero del Infonavit es de los trabajadores, no del gobierno. Los recursos administrados por este instituto provienen del esfuerzo y ahorro de millones de trabajadores mexicanos. Esta reforma abre la puerta a que esos recursos sean utilizados discrecionalmente para proyectos del gobierno, lo cual no es su propósito original”, recalcó el diputado del partido Movimiento Ciudadano, quien refirió que actualmente más de 2 millones de jaliscienses aportan su dinero al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El legislador insistió en que es apremiante fortalecer la transparencia y los mecanismos de vigilancia en este caso y proteger al máximo la Subcuenta de vivienda, pues la reforma plantea cambios en la integración de los órganos de vigilancia, debilitando los contrapesos necesarios para garantizar el buen manejo de los recursos:
“Sin contrapesos claros, se corre el riesgo de corrupción y desvío de los fondos destinados a la vivienda de los trabajadores. La posibilidad de utilizar recursos de la Subcuenta de vivienda para adquirir suelo y construir viviendas genera incertidumbre sobre la seguridad del ahorro de los trabajadores”, indicó.
“Desde Jalisco, exigimos al Congreso de la Unión que actúe con responsabilidad, proteja el patrimonio de los derechohabientes y garantice que esta reforma no se convierta en un nuevo engaño. La vivienda debe ser un derecho, no un botín. Pedimos además que se trabaje en una política de vivienda integral, no improvisada”, apuntó.
También enumeró algunos de los puntos que la estrategia nacional para este rubro debe priorizar: “La política de vivienda no puede repetir los errores del pasado: desarrollos mal ubicados, sin servicios básicos ni conectividad. Y es que, antes de construir más viviendas, se deben recuperar y rehabilitar las más de 6 millones de casas abandonadas en el país, de las cuales 190 mil están ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
FALTA CLARIDAD
Por otra parte, dijo, el arrendamiento social debe ser claro y justo: “¿Cómo se operarán las rentas? ¿Quién administrará las viviendas? ¿Cómo se garantizará que las mensualidades no superen el 30% del ingreso del trabajador? Sin reglas claras, este esquema puede ser usado de manera discrecional, afectando a los verdaderos beneficiarios”.
Sin embargo, afirmó que la solución de fondo sería aplicar una reforma integral al artículo 4° constitucional: “Si realmente se busca garantizar el derecho a la vivienda, es necesario reformar este artículo para obligar al Estado a establecer mecanismos efectivos para asegurar el acceso a una vivienda adecuada”.
“No podemos depender de una sola institución. El Infonavit no puede ser el único actor en la política de vivienda. Es urgente crear y consolidar más instituciones públicas que garanticen opciones habitacionales a quienes hoy no tienen acceso al sistema formal. La vivienda pública y el alquiler social deben ser alternativas reales, accesibles y bien reguladas».
“Por otra parte, el dinero del Infonavit no puede ser tomado sin garantías claras ni protección de los derechos laborales. Resulta preocupante que el titular y responsable de estos cambios, sea el antiguo director General de Pemex. (Alfonso Romo) Invitamos a los legisladores Federales a que voten por conciencia, no por consigna. Los trabajadores no merecen que el ahorro de toda una vida quede en riesgo”, puntualizó el vicecoordinador de la Bancada Naranja en el Congreso.