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El gobierno de Morena ha propuesto cambios de fondo al Poder Judicial de la Federación, con el argumento de combatir la falta de transparencia y la colusión con poderes fácticos. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que estas reformas busquen, en realidad, debilitar la función técnica e imparcial de impartir justicia, convirtiéndola en una herramienta política y, peor aún, en un instrumento al servicio de intereses criminales.
El discurso oficial sostiene que el Poder Judicial está plagado de corrupción y que su falta de transparencia y autonomía real lo hace susceptible a influencias externas. Sin embargo, detrás de esa llamarada hay una intención de control político más que un verdadero interés por la justicia. Entre los puntos más destacados están que los cambios propuestos tienden a centralizar más poder en el Ejecutivo, debilitando la independencia judicial. Esto es preocupante en un sistema democrático donde la separación de poderes es fundamental.
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