Irá protección de la niñez al Código de Ética de los servidores públicos

GUADALAJARA, Jal., 24 de junio de 2026.- La Contraloría del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y UNICEF México firmaron una alianza de colaboración para incorporar la perspectiva de la niñez en el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo estatal.

La iniciativa busca que las decisiones, acciones y servicios que prestan las dependencias gubernamentales consideren de manera transversal los derechos, necesidades y condiciones de niñas, niños y adolescentes.
Como parte del acuerdo, las instituciones participantes trabajarán en una propuesta de reforma al Código de Ética de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, con el objetivo de fortalecer criterios de actuación relacionados con la protección de la infancia, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

De concretarse la modificación, las dependencias estatales deberán incorporar este enfoque en sus procesos internos, programas y atención a la ciudadanía, independientemente de que sus funciones estén o no directamente relacionadas con la atención de menores de edad.

Durante la firma del convenio, representantes de UNICEF señalaron que la incorporación de la perspectiva de la niñez en los códigos de conducta gubernamentales puede contribuir a que las instituciones consideren de manera sistemática el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones públicas.

Por su parte, SIPINNA Jalisco destacó que la garantía de los derechos de la infancia requiere la participación de todas las áreas del gobierno y no únicamente de las dependencias especializadas en atención a menores.

Además de la reforma al Código de Ética, la alianza contempla acciones de capacitación, sensibilización y difusión dirigidas al personal del servicio público, así como el intercambio de buenas prácticas para fortalecer una cultura institucional basada en los derechos de la niñez.

La colaboración busca que la protección de niñas, niños y adolescentes se incorpore como un criterio permanente en el ejercicio de la función pública estatal.