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GUADALAJARA, Jal., 12 de febrero de 2021.- Con el objetivo de generar un espacio en el que las organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud aporten criterios orientadores que permitan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco analizar, definir y proponer estrategias para las autoridades en materia de salud en el contexto de la pandemia por Covid 19, se instaló el Grupo de Consulta sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de esta defensoría.
El grupo estará integrado por especialistas en derechos humanos, infectólogos, gerontólogos, geriatras, psicólogos, miembros del Consejo Ciudadano de la Comisión, el área de salud de la Primera Visitaduría y las secretarías técnica y ejecutiva de la CEDHJ.
La CEDHJ considera que las medidas que el Gobierno del Estado ha implementado para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid19 llevan como finalidad preservar la salud de la población y mitigar los efectos de la pandemia; sin embargo, en toda acción de gobierno deben considerar las condiciones y circunstancias de las personas que por su situación de vulnerabilidad social requieren atención prioritaria.
El ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, señaló que desde este organismo defensor lo que se busca es proponer para construir y que este grupo de consulta se crea con el afán de coadyuvar con las autoridades y fortalecer la visión de derechos humanos.
“Nos permita ante las autoridades, llevarles un enfoque de protección a los derechos de los grupos que requieren actuaciones diferenciadas y el mayor cuidado, a efecto de no vulnerar sus derechos humanos y garantizar su derecho a su dignidad”.
Lineamientos y propuestas para la elaboración de medidas de prevención y protección de las personas adultas mayores en el contexto del Covid 19
1. Es fundamental que las acciones de gobierno para hacer frente al Covid 19 se diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos humanos, con el fin de que contengan principios esenciales como la equidad, perspectiva de género, libertad en todos sus aspectos, racionalidad y trato digno, pues con ello se debe evitar la afectación a los diversos grupos sociales.
2. Se debe partir de la realidad que se vive frente a la pandemia, con el fin de implementar políticas públicas efectivas y eficaces, que respondan a la vida cotidiana de los diversos grupos de población, pues en ello radicará el éxito de dichas medidas, al contar con acciones diferenciadas, proporcionales, temporales, graduales, pertinentes, interseccionales y no arbitrarias.
3. Las medidas no deben ser discriminatorias en su aplicación; es decir, no quedar a la discrecionalidad de la autoridad ni a la interpretación de quienes las ejecuten, de ahí la necesidad de definir reglas claras para su aplicación, de tal forma que se cumplan en todos sus términos.
4. Mantener una mesa permanente de seguimiento y evaluación de las medidas que se emitan con el fin de tener reacción inmediata ante cualquier eventualidad, ya sea para emitir nuevas medidas o para ajustar las ya existentes.
5. Se implementen medidas para la vigilancia del cumplimiento de los protocolos y medidas de protección emitidos por las propias autoridades sanitarias para mitigar, contener y romper la cadena de contagios, con particular énfasis en la población de alto riesgo o en situación de vulnerabilidad, como lo son personas mayores institucionalizadas, con discapacidad, privadas de la libertad, migrantes y en situación de calle.
Dichas medidas deben sustentarse en estudios epidemiológicos para identificar los puntos de mayor propagación del virus y con ello direccionar adecuadamente las acciones que interrumpan la cadena de contagios.
De igual forma, se proponen las siguientes acciones con carácter de emergentes:
6. Que la mesa especializada o mecanismo que se vaya a implementar sea multidisciplinario (medicina, psicología, sociología, antropología, economía, derecho, comunicación, derechos humanos, etcétera) para que favorezca que las medidas sean eficientes y eficaces.
7. Ante la contingencia sanitaria, se diseñen mecanismos que garanticen la atención médica a personas que lo requieran por cualquier otra enfermedad, accidente o padecimiento, y se informe con claridad a la ciudadanía qué otras instancias de salud les pueden atender, de manera oportuna y en los más altos estándares de calidad y calidez.
Asimismo, se implemente una campaña de difusión y orientación que sensibilice a la población sobre los alcances y efectos de la vacuna contra el SARS-CoV-2, a fin de garantizar el derecho informado de las personas adultas mayores.
8. Que se diseñen e implementen programas de salud mental dirigidos a la sociedad en general que incluyan la atención en tanatología y cuidados paliativos, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar los accesos a los servicios no sólo en situaciones de crisis, sino también para atender a las familias en proceso de duelo.
La pandemia por Covid 19 es una crisis de salud que no debe convertirse en una crisis de derechos humanos; con estas propuestas la CEDHJ busca construir y, de esa forma, fortalecer la visión de derechos humanos y la debida diligencia en el cumplimiento de medidas.
Esta defensoría también advierte que es oportuno atender lo siguiente:
9. Se hace un llamado a las y los legisladores que representan a Jalisco en el Congreso de la Unión para que promuevan la inmediata suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
10. Al Gobierno de Jalisco: se instale un mecanismo de gobernanza donde se escuchen las voces de personas adultas mayores, de especialistas en las distintas ramas del conocimiento y de las propias autoridades en la materia con el propósito de incidir de forma transversal e integral en las políticas públicas del gobierno de Jalisco y sus municipios.