Impone EU nueva regla de carga pública para otorgar residencias
GUADALAJARA, Jal., 29 de enero de 2026.- Durante la gestión encabezada por Gerardo de la Cruz Tovar, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco llevó ante un juez a funcionarios de primer nivel, entre ellos cinco exsecretarios de Estado, un exjefe de gabinete, un magistrado, un juez y ocho expresidentes municipales, informó el su aún titular, quien concluirá su encargo el próximo 14 de febrero.
El Fiscal rechazó que la institución se haya enfocado únicamente en servidores públicos de niveles medios o bajos.
“De estos 415 servidores públicos que se han logrado tener ante el juez y vincularlos, tenemos entre otros a seis funcionarios de primer nivel, cinco secretarios y arriba del secretario únicamente está el gobernador”.
Agregó que también se ha procedido contra directores generales de organismos públicos descentralizados y ayuntamientos, jueces municipales, una regidora y un líder sindical, sumando cerca de 40 funcionarios de primer nivel que enfrentaron procesos penales por hechos de corrupción.
De la Cruz Tovar presentó un balance general de su gestión, en la que se abrieron siete mil 981 carpetas de investigación, reflejo del incremento en la confianza ciudadana para denunciar.
“Esto implica que la gente tiene más confianza en denunciar delitos por hechos de corrupción”, afirmó.
Detalló que mientras el promedio anual era de 750 carpetas, en 2025 se abrieron mil 286, y en lo que va de 2026 ya se iniciaron 88. Del total de investigaciones, indicó que el 75 por ciento ha llegado a una conclusión, mediante las distintas salidas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Informó que 762 carpetas fueron judicializadas, de las cuales en 240 se realizaron audiencias iniciales, logrando 234 vinculaciones a proceso. Actualmente, cerca de 200 carpetas están pendientes de audiencia inicial en el Poder Judicial del Estado.
Como resultado de estas investigaciones, se logró la vinculación a proceso de 415 servidores públicos y ocho empresas, al señalar que los hechos de corrupción no solo involucran a funcionarios, sino también a particulares.
En cuanto a sentencias, informó que se han dictado 21 resoluciones, de las cuales 18 fueron condenatorias y tres absolutorias. Además, 46 servidores públicos han estado en prisión preventiva, 16 personas fueron inhabilitadas para ocupar cargos públicos y una empresa fue inhabilitada como proveedora del estado.
También indicó que en 115 carpetas se otorgó la suspensión condicional del proceso, previa reparación del daño, mientras que mil 246 investigaciones permanecen en archivo temporal al requerir mayores elementos probatorios.




