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Confirma SSC ataque directo contra extranjero en la Condesa, CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2017.- El homicidio de Javier Valdez Cárdenas es un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, afectando la libertad de expresión y al corazón mismo de la democracia mexicana, condenó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al condenar el asesinato del periodista sinaloense del semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa y corresponsal del periódico La Jornada, ocurrido este lunes cerca del mediodía, la CNDH manifestó que es obligación de la autoridad poner fin al círculo perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas, recorrido que pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y el autodestierro o movilidad forzada.
Externó su solidaridad con la familia del periodista y sus compañeros de profesión, así como con los trabajadores y directivos de ambos medios informativos.
La CNDH solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune, y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdez Cárdenas.
Con tales medidas se busca salvaguardar la integridad física de los familiares de la víctima y de los colaboradores del semanario Ríodoce, las cuales fueron solicitadas por esta Comisión Nacional a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como para que también se les brinden medidas de contención emocional.
La CNDH reiteró su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo.
Esta Comisión Nacional subrayó que aun cuando las agresiones a periodistas no provengan de servidores públicos, sino de particulares, el Estado mexicano no está exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas.
Los agravios a periodistas que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, generan la reiteración de prácticas criminales que lastiman y afectan la vida nacional en sus valores cívicos y democráticos; así como la privación de vida de periodistas y defensores de derechos humanos.
Con información de Quadratín México