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Hallan a asesinado y camioneta calcinada en Juchitán
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2021.- En medio de acaloradas protestas, señalamientos, mantas y carteles entre panistas y el grupo mayoritario con aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia discute y prevé votar el dictamen de la Sección Instructora que da lugar al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Sin la presencia del gobernador tamaulipeco, quien estuvo representado por su abogado, Alfonso Aguilar Zinser, y tras los trámites protocolarios, la representante de la Fiscalía General de la República (FGR), la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, subió a tribuna para exponer los resultados de la carpeta de investigación iniciada en contra del mandatario estatal.
Refirió que el gobernador tamaulipeco es señalado de haber participado en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y equiparada, lo cual hizo, dijo, a través de prestanombres.
Acusó que, valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado, ha acumulado sumas millonarias a través de una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos, así como en Tamaulipas, y que fueron adquiridos entre 2005 y 2019, entre las que se encuentran empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, y cuentas bancarias.
“Caudal de bienes ocultos a través de prestanombres, principalmente de su círculo familiar, cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas, advirtiéndose que el salario de un hombre que solo ha sido servidor público, no alcanzaría para reunir un caudal tan grande de bienes y recursos”, aseveró.
Sostuvo que, para evitar la detección de dichas propiedades, fueron distribuidas entre una red de familiares y prestanombres entre quienes se encuentran José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, hermanos del gobernador, así como sus primos, su propia madre y su suegro, en ese sentido, destacó la fiscal que no se descarta que en la investigación surjan más elementos que respalden estos hechos.
Asimismo, la Fiscal se refirió a la declaración fiscal del gobernador de 2019 y la existencia de datos de prueba de que consignó ingresos menores a los realmente percibidos causando un perjuicio del orden de más de seis millones 511 mil pesos.
En su defensa, el abogado Alfonso Aguilar Zinser desde la plataforma digital, sostuvo que respondería a todas las manifestaciones de la Fiscalía, sin embargo, aclaró que la mayoría de éstas no obran en la Sección Instructora, “ya que no fueron acortadas por la Fiscalía y por lo tanto no forman parte de la Litis”, apuntó.
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