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PUERTO VALLARTA, Jal., 3 de marzo de 2021.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una serie de recomendaciones a autoridades estatales y municipales por el caso de presunto abuso físico, psicológico y sexual en contra de una menor a manos del exdirector de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta.
Derivado de los hechos ocurridos el 26 de julio pasado, la CEDHJ emitió una serie de recomendaciones dirigidas a al fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez; al presidente municipal de Puerto Vallarta (ahora con licencia), Arturo Dávalos Peña; así como al secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; Juan Carlos Benítez Suárez y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco.
La Recomendación 2/21 fue emitida derivado de los hechos ocurridos en contra de una niña, quien fue agredida física, psicológica y sexualmente por un servidor público del Ayuntamiento de Puerto Vallarta cuando se encontraba en las inmediaciones del tianguis de la colonia Progreso en aquel municipio.
El organismo señala que derivado de una serie de omisiones, actuaciones y hechos por parte de las autoridades estatales y municipales se emitió la recomendación.
“Durante la investigación realizada por esta defensoría se observó que los agentes del Ministerio Público encargados de la integración y seguimiento al caso, así como los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta y el asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta violaron en perjuicio de la niña, su derecho a una vida libre de violencia, al interés superior de la niñez, a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al incumplimiento de la función pública, al respeto a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personal, a la igualdad y no discriminación, al trato digno, así como al acceso a la justicia con perspectiva de género a través de una adecuada procuración de justicia».
Por ello, “en virtud de que no actuaron con perspectiva de género y obviaron el enfoque diferenciado y especializado que el asunto requería”, se recomienda, a la fiscal del Estado de Jalisco, entre otras cosas, que se realice a favor de la niña como víctima directa, así como de las víctimas indirectas, la atención y reparación integral del daño, para lo cual deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.
Además de que, a la víctima directa y a las víctimas indirectas, se les ofrezca atención psicológica especializada con perspectiva de género por parte de personal especializado por el tiempo que sea necesario.
Que se investiguen y se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público involucrados y en un término breve, se implemente un programa permanente de capacitación sobre estándares legales de derechos humanos de niñas y mujeres, debida diligencia reforzada, e investigaciones de casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, dirigido al personal adscrito a las agencias ministeriales que hacen guardias con personas detenidas. La capacitación deberá ser proporcionada por personal especializado y con acreditaciones que validen la formación efectiva de quienes la reciben.
Además, que se elabore un protocolo de actuación e investigación que asegure la correcta intervención –con enfoque de derechos humanos y de género– en los casos de violencia sexual cometida en contra de niñas, adolescentes y mujeres, el cual aborde de manera enunciativa, mas no limitativa, procedimientos específicos para la incorporación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en las investigaciones. Identificación de prioridades respecto a la atención jurídica, psicológica y médica, conforme a los criterios establecidos por la NOM 046 y procedimientos específicos para asegurar la realización e incorporación del análisis de contexto y el análisis de riesgo de las víctimas de violencia sexual, que abone al desarrollo de las investigaciones y permita la emisión, control y seguimiento eficaz de órdenes o medidas de protección a favor de las víctimas.
Al presidente municipal de Puerto Vallarta, la CEDH recomienda que se investiguen los hechos y se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa para determinar la falta en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos involucrados, entre ellos policiales municipales, asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta (PPNNA) y, una vez deslindadas sus responsabilidades y habiéndoles otorgado su garantía de audiencia y defensa, se les apliquen las sanciones que en derecho correspondan.
Además, que se apliquen mecanismos específicos para la recepción y trámite de denuncias por actos de violencia cometidos en contra de niñas y mujeres e identificación de prioridades, respecto a la atención jurídica, psicológica y médica, conforme los criterios establecidos por la NOM 046.
Al secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas recomienda que se otorgue, a favor de la víctima directa y demás familiares, la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.
Garantice en favor de las citadas víctimas directa e indirectas las acciones y medidas de ayuda, atención, asistencia, así como reparación integral del daño que resulten procedentes, que obligan a su cumplimiento a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
En lo que respecta a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que ésta brinde la atención psicológica especializada a través del área de psicología infantil a la niña víctima directa, garantizando que la misma sea proporcionada en su municipio de residencia.
Proporcione a todos los elementos de seguridad del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, formación especializada en la atención de casos de violencia contra las niñas y mujeres, con principal énfasis en la violencia sexual, y que la misma sea impartida por personal que acredite experiencia en capacitación a funcionariado público desde los enfoques de género, derechos humanos y en atención a niñas, niños y adolescentes.