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TLAQUEPAQUE, Jal., 20 de octubre de 2026.- La posible pérdida de tres millones de pesos destinados al programa Pulso de Vida en San Pedro Tlaquepaque será motivo de una investigación solicitada por la exdiputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras González, quien presentó una denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control municipal.
La denuncia pide investigar a la titular del Instituto Municipal de las Mujeres y a otras personas servidoras públicas que pudieran resultar responsables por la presunta falta de renovación oportuna de la firma electrónica avanzada (e.firma) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un requisito fiscal necesario para acceder a los recursos estatales.
De acuerdo con Contreras González, la omisión habría impedido completar la documentación requerida para obtener el subsidio, que se destinaría a mejorar las condiciones de seguridad y atención de mujeres, adolescentes y niñas en riesgo de violencia en espacios públicos y transporte del Área Metropolitana de Guadalajara.
La exlegisladora señaló que los requisitos para acceder al apoyo estaban establecidos desde el 28 de abril de 2026, cuando se publicaron los lineamientos de operación de la estrategia, por lo que consideró necesario esclarecer por qué no se habría cumplido con la documentación fiscal.
Entre los puntos que solicitó investigar están la fecha de vencimiento de la e.firma, quién tenía la responsabilidad de renovarla, qué avisos recibió el Instituto Municipal de las Mujeres y qué gestiones se realizaron para corregir la situación.
También pidió determinar si la presunta omisión fue la causa directa de que Tlaquepaque no recibiera los tres millones de pesos o si existieron otros motivos por los que el proyecto no habría sido aprobado.
Para ello, solicitó al Órgano Interno de Control requerir información al Instituto y al SAT, revisar el expediente del programa ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como verificar comunicaciones internas, avisos de vencimiento y registros de la Junta de Gobierno.
Contreras González afirmó que su denuncia no busca adelantar conclusiones, sino esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas.
“En Tlaquepaque no se puede normalizar que recursos públicos destinados a la seguridad de las mujeres se queden en el camino por una presunta omisión administrativa”, sostuvo.




