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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de febrero de 2026.- La Fiscal General Interina, Jennifer Davenport, se unió a una coalición de 13 fiscales generales para presentar una demanda que impugna la política ilegal de la Administración Trump, la cual resultó en la cancelación de miles de millones de dólares en fondos destinados a programas de asequibilidad energética diseñados para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus facturas de servicios públicos.
Los recortes ilegales afectan a cientos de proyectos de energía e infraestructura en 16 estados con gobernadores demócratas, informó un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal General. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, alega que las acciones de la Administración Trump son ilegales y solicita al tribunal una orden judicial permanente.
Según los estados, las decisiones del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), su secretario Chris Wright, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y su director Russell Vought violan la separación de poderes establecida en la Constitución de los Estados Unidos, así como la Ley de Procedimiento Administrativo.
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