Darían 7 años de cárcel por ocultar ingresos para no dar pensión alimenticia

GUADALAJARA, Jal., 7 de octubre de 2026.- Hasta siete años de prisión y multas de hasta mil UMAs podrían aplicarse en Jalisco a quienes oculten o falseen sus ingresos para evadir el pago de pensiones alimenticias, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso del Estado.

La propuesta, impulsada por la presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Adriana Medina Ortiz, plantea reformar el artículo 168 del Código Penal de Jalisco y el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para endurecer las sanciones por falsedad en procesos judiciales.

Uno de los principales cambios consiste en tipificar como delito grave la simulación de ingresos en juicios familiares y de alimentos, con penas de tres a siete años de prisión y multas de 50 a mil UMAs.

La sanción no se limitaría a la persona obligada a pagar la pensión. La iniciativa también contempla castigar a terceros, empleadores o representantes legales que emitan constancias falsas para acreditar ingresos menores a los reales y con ello reducir o evadir el pago de la manutención.

La propuesta también plantea elevar de cuatro a ocho años de prisión la pena para quien declare falsamente con el propósito de inculpar a una persona inocente.

En los procesos penales, establece penas de seis a 10 años de cárcel para testigos falsos cuando su declaración provoque que una persona inocente sea condenada a más de 20 años de prisión.

Además, contempla de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 500 UMAs para quien soborne, obligue o intimide a testigos, peritos o intérpretes.

Otro de los cambios propuestos es crear un registro público y transparente de peritos sancionados dentro de la lista anual de auxiliares de la justicia del Poder Judicial, con el objetivo de evitar que especialistas sancionados continúen participando en litigios.

La iniciativa fue presentada como una reforma para cerrar vacíos legales relacionados con declaraciones falsas ante los tribunales y reducir prácticas que, de acuerdo con la legisladora, pueden afectar las resoluciones judiciales.

La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinar si estas sanciones entran en vigor.