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GUADALAJARA, Jal., 11 de enero de 2022.- Por representar también una afectación a las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), además de las inversiones riscosas que se realizaron, hay nueve denuncias presentadas por las pensiones doradas, afirmó la Contralora estatal, María Teresa Brito.
“Hablando del tema de las jubilaciones, hay nueve denuncias, no las hemos descuidado, el órgano interno de control las presentó y está al pendiente de ellas; no las vamos a descuidar, hay una mesa permanente con el Fiscal Anticorrupción y estamos aprendiendo a trabajar coordinadamente, esa es la magia del sistema y vamos a tocar todos esos puntos, la Contraloría no va a ser omisa, hay nueve denuncias, puede haber más, de la administración que sea, esas nueve tienen un antecedente de la anterior”.
La titular de la Contraloría estatal indicó que fue un arduo trabajo el que se ha realizado para tener sustento de todas y cada una de las observaciones que se han realizado en las auditorías al Ipejal, y admitió que solucionarlo será un proceso complejo que se puede llevar las tiempo y que incluye la exigencia a los funcionarios actuales para cumplimentar las responsabilidades administrativas pendientes.
Por otro lado, para evitar que en el Consejo del Ipejal se puedan seguir tomando decisiones que pongan en riesgo los ahorros de los más de 120 trabajadores y sus pensiones, ya se realizaron algunas acciones correctivas, empezando por un reglamento interno de inversiones que ponga freno a determinaciones poco favorecedoras a las finanzas del organismo, detalló su director, Héctor Pizano Ramos.
“Pasar de las políticas de inversión que en su momento no fueron observadas como un instrumento normativo a un reglamento de inversiones que nos redefina cuál es la integración de un comité de Inversiones y cuál es la justificación de su integración y los requerimientos para ser parte conforme a las diferentes normas que rigen sobre todo en las actividades de inversiones y bursátil de nuestro país para tener la certeza y la garantía de que quienes están tomando decisiones del dinero de los trabajadores tienen las capacidades y las habilidades para estar certificados para poder hacerlo”.
También un registro y monitoreo de plataformas de inversiones líquidas, asesorías especializadas y un control de inversiones con un software profesional que además evitará el desorden administrativo que existía.