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Detienen a 2 presuntamente armados en Guadalajara
GUADALAJARA, Jal., 7 de diciembre de 2020.- La pandemia de Covid 19 golpeó fuertemente el bolsillo Jalisciense. En estos momentos nadie puede darse el lujo de gastar en cosas innecesarias, al menos esa es la postura de la diputada de la bancada del PRI, Mariana Fernández, quien expuso que el examen de Control de Confianza es un inversión que el Congreso del Estado de Jalisco no debe pagar.
“En un momento de incertidumbre económica, donde hemos pedido al Gobierno del Estado que guarde austeridad en su gasto para poder hacer frente a los desafíos que se avecinan, el Congreso del Estado debe mostrar congruencia. De verdad se los digo. No encuentro razones de peso para que, desde esta soberanía, tengamos que pagar a los aspirantes a un cargo público por un trámite que se les requiere”.
Detalló que la actual situación economía imposibilita que algunos aspirantes paguen ese examen, mismo que oscila entre los 5 mil pesos.
“Entiendo el contexto que enfrentamos, en el medio de una recesión económica que dificultaría a algunos aspirantes pagar hasta 5 mil pesos por el examen de control de confianza. Ni siquiera voy a hablar aquí de la posible inconstitucionalidad de los mismos. Nuestra inexperiencia legislativa y nuestra falta de conocimiento del derecho constitucional ya ha sido respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas ocasiones desde que comenzó esta legislatura” añadió
Enfatizó que pagar por los exámenes de control de confianza puede que en un futuro, obligue al Congreso del Estado pagar otros muchos trámites que se solicitan cuando se compite por los diversos cargos.
“Es un principio de equidad que podría llevarse a los juzgados y, aunque no sabemos cómo se vaya a fallar, el asunto podría salir más caro de lo que pensamos.
De poco a poquito, ¿cuánto estará erogando el Poder Legislativo en certificaciones de actas, cartas de no antecedentes penales, comprobantes de residencia, etcétera?”, expuso.
La diputada mantuvo en abstención su voto, pues insiste que este pago no lo debe realizar el Congreso del Estado, mucho menos en tiempos de austeridad.