Bajo cumplimiento frena impacto ambiental de la verificación vehicular

GUADALAJARA , Jal., 17 de marzo de 2026.- A pesar de ser una política clave para la salud pública, el programa de verificación vehicular en el Estado opera con un alcance limitado. Durante un análisis en el Congreso local, se reveló que en 2025 apenas el 25 por ciento del parque vehicular cumplió con el proceso, una cifra lejana al 60 por ciento mínimo requerido para que el esquema tenga un impacto real en la mejora de la calidad del aire.

Actualmente, la mayor preocupación ambiental se concentra en el área metropolitana, donde reside el 70 por ciento de la población del Estado y donde las emisiones de los autos, junto a incendios forestales y la industria, generan los mayores índices de contaminación.

Uno de los puntos centrales del debate que realizaron sobre este tema en el Congreso del Estado fue la percepción del programa como una medida recaudatoria. Según datos referidos de la Secretaría de Hacienda, la operación del esquema de verificación asciende a cerca de 900 millones de pesos anuales.

Ante este monto, diputados de la comisión especial encargada de analizar el tema exigieron mayor claridad en dos aspectos fundamentales.

Destino de los recursos: Transparencia total sobre en qué se invierte el dinero recaudado por las multas y el costo de las pruebas.

Procesos de asignación: Se cuestionó la falta de licitaciones públicas en ciertos tramos del modelo de operación actual.

El análisis también puso sobre la mesa el impacto del programa en la economía de las familias. Se señaló que el esquema actual puede resultar desigual para propietarios de vehículos antiguos o personas con menores ingresos, quienes enfrentan mayores dificultades para aprobar las pruebas de emisiones.

Ante este escenario, los diputados solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Agencia Integral de Regulación de Emisiones un informe detallado sobre el seguimiento a los vehículos que no aprueban la verificación y una estrategia de socialización que logre convencer a la ciudadanía de la utilidad ambiental del programa, más allá del cumplimiento de un trámite administrativo.